El Gobierno ha convalidado sin cambios dieciséis decretos leyes, otros siete incorporaron enmiendas y cinco leyes se tramitaron por el procedimiento ordinario
Dice la Constitución Española que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad» el Gobierno puede recurrir a los Decretos-Leyes para dictar normas «provisionales» que «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero —los llamados «fundamentales»—, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general».
Sin embargo, la mayoría absoluta del Gobierno en el Congreso de los Diputados ha aprobado en los siete primeros meses de esta legislatura hasta 23 Decretos-Leyes, de los cuales siete se han tramitado como proyectos de ley permitiendo la introducción de enmiendas de los grupos, aunque éstas no siempre hayan sido aceptadas.
La estadística de la actividad legislativa de la Cámara Baja desde que arrancó la legislatura demuestra un uso intensivo de la fórmula del decreto ley frente al empleo de leyes ordinarias, que el Gobierno justifica por la «urgente necesidad» de que se lleven a cabo reformas estructurales que son «la única manera de salir de la crisis», en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el último Consejo de Ministros.
De hecho, han sido muy pocas las leyes aprobadas fuera de ese procedimiento urgente, sólo cinco —cuatro estrictamente económicas y una quinta referida al modelo de las televisiones autonómicas—: el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, en los que el PP solo aceptó tres enmiendas de las 3.100 que le planteó la oposición; la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, de otra Ley Orgánica complementaria de esta última, de la ley que autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad —el llamado Pacto Fiscal Europeo— y de la reforma de la Ley de Comunicación que da vía libre a la privatización y cierre de las televisiones autonómicas.
Otras siete normas más que se han tramitado como proyectos de ley procedían de Decretos-Leyes previamente convalidados por el pleno a los que en su momento la Cámara decidió darles la posibilidad de modificar con enmiendas.
Así, con estos resultados, el balance apunta que en el primer período de sesiones de la legislatura se convalidaron sin cambios dieciséis decretos leyes, otros siete incorporaron enmiendas y además hubo otras cinco leyes tramitadas por el procedimiento ordinario.
Nada más hacerse cargo del Gobierno, a finales de 2011, el PP aprobó su primer Decreto-Ley, con el que puso en marcha un primer ajuste de 15.000 millones de euros y que se convalidó en 2012. El último fue convalidado por el pleno del Congreso el pasado martes, referido a las medidas que a lo largo del próximo año van a permitir la liberalización del transporte ferroviario en España.
Los recortes, el Decreto-Ley más discutido
Pero el debate de mayor calado durante este período parlamentario se produjo el pasado 19 de julio, cuando el pleno del Congreso convalidó el decreto ley con los últimos ajustes presentados por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, para reducir el déficit público. La subida del IVA, la supresión de la paga de Navidad a los funcionarios o la bajada de las prestaciones por desempleo se incluían en una norma respaldada por la mayoría absoluta del PP.
Ese mismo día, la Cámara dio también luz verde al decreto ley que incorporaba las medidas para dar liquidez a las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, convalidado, al igual que el decreto de los ajustes, sin cambios sobre el texto original.
En cuanto a los siete decretos que sí han sido enmendados por el Congreso son, además de la reforma laboral, la que regula la mediación en asuntos civiles y mercantiles y el decreto ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico.
Sin olvidar el referido a la simplificación de obligaciones de información y de fusiones y escisiones de sociedades de capital; el dedicado a medidas urgentes en materia de medio ambiente; el del saneamiento y venta de activos inmobiliarios y financieros y además las medidas urgentes de liberalización del comercio.
s.e. / madrid
Día 30/07/2012 –