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Una sentencia abre la puerta a dar carácter laboral indefinido a los educadores infantiles

El TSJA da la razón a una maestra de una escuela en Gijón y obliga al Ayuntamiento a hacerla fija l USIPA califica la decisión de «pionera»

08.03.2013 | 03:07

Concentración de educadoras infantiles, el pasado año, en Oviedo.

Oviedo, E. G.

La sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la que se considera trabajadora con carácter indefinido a una educadora de una escuela infantil asturiana abre la puerta a una sucesión de reclamaciones laborales, con los ayuntamientos asturianos en el punto de mira.

El sindicato USIPA, promotor de la iniciativa, calificó ayer la sentencia de «pionera» y asegura que «significa un avance extraordinario hacia la igualdad en los derechos laborales de las trabajadoras de las escuelas infantiles de toda Asturias, un colectivo ocupado en un 99% por mujeres».

El TSJA ratifica una anterior sentencia del Juzgado número 4 de lo social de Gijón, que ya daba la razón a la trabajadora, que mantenía relación laboral con el Ayuntamiento de la ciudad desde octubre de 2006. El personal de las escuelas infantiles funciona mediante contratos de obras y servicios con los ayuntamientos respectivos.

El TSJA rechaza que el trabajo de las educadoras infantiles responda «a necesidades autónomas y no permanentes de la producción, por lo que no cabe el recurso a esta modalidad contractual para ejecutar tareas de carácter permanente y duración indefinida en el tiempo». No estamos, a juicio del alto tribunal asturiano, «ante circunstancias excepcionales que pudieran conllevar la limitada duración» del contrato.

El Ayuntamiento de Gijón, la parte contraria en este asunto, basó parte de su defensa en recordar al juez las competencias de la Consejería de Educación, responsable del plan de ordenación de las escuelas de primer ciclo. En realidad, el Principado gestiona las aulas, pero no el personal. Los ayuntamientos son los que contratan, la escolarización es de pago, ese dinero se va para el Principado que, a su vez, tiene un convenio con las administraciones locales.

Algunos ayuntamientos asturianos ya han solucionado el contencioso y la reivindicación laboral. La Corporación municipal de Oviedo aseguró hace varias semanas que las decisiones judiciales en favor de los educadores infantiles no ponían en peligro ni la continuidad de las siete escuelas de 0 a 3 años que funcionan en el municipio ni los puestos de trabajo de los educadores. La sentencia, no recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias afecta a un colectivo de unas trescientas personas, según fuentes sindicales.

El Principado mantiene convenios para el funcionamiento de este tipo de escuelas con unos cuarenta municipios, aunque sólo un ocho por ciento de los concejos asturianos tiene en su padrón a más de quinientos niños menores de 3 años. Esa franja de edad recoge en Asturias a unos 17.000 niños. El Gobierno regional destinó unos ocho millones de euros a las escuelas infantiles (0 a 3) para este curso escolar.

La sentencia del TSJA es de febrero. El Ayuntamiento de Gijón podía haber presentado recurso de casación, pero no lo hizo. El futuro laboral de las aproximadamente 130 educadoras infantiles del concejo (con 9 escuelas y una más en puertas) está mucho más claro.

 

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