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Una juez argentina pide a España informes de los ministros de la dictadura franquista

{A. REBOSSIO – Buenos Aires – 28/12/2011}
Los familiares de las víctimas del franquismo no se esperaban esta buena noticia de fin de año. Después de los frustrados intentos de demandar justicia en España, algunos de ellos presentaron demandas en Argentina, a partir de abril de 2010, acogiéndose al principio de justicia universal, que establece que se pueden investigar delitos de lesa humanidad en otros países.
La juez María Romilda Servini de Cubría ha exhortado al Gobierno español para que informe si en España se está investigando la existencia, entre el inicio de la Guerra Civil y las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco, “de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, y de uno que propició la desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad, llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.
La juez ha pedido también los nombres y últimos domicilios de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange del mismo periodo, así como los certificados de defunción de aquellos que hubiesen fallecido.
Servini ha solicitado una lista de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas, y de niños robados a sus familias, así como información sobre las fosas comunes halladas, los cuerpos de desaparecidos identificados y las empresas beneficiadas del trabajo esclavo de los presos republicanos.
En Argentina están presentadas seis querellas por crímenes del franquismo. La juez ha avanzado con la causa después de que la Cámara Federal desestimara una petición del Estado español para que estos crímenes fuesen investigados solo en su territorio. En España, las indagaciones por estos crímenes están paralizadas después de que el Poder Judicial suspendiera al juez Baltasar Garzón por presunta prevaricación al investigar esos delitos.

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