Es la primera orden de alejamiento por robos y no por ataques a personas
25/01/2013 –Enrique Figueredo
Los encargados de luchar contra la plaga de hurtos en el metro de Barcelona lo han conseguido: un juez ha dictado una sentencia en la que se prohíbe a un ladrón acceder al suburbano barcelonés durante los próximos cinco años. Este carterista reincidente de origen rumano cometerá un delito contra la administración de justicia y un quebrantamiento de condena si alguien le descubre dentro del metro o puede probar que lo ha estado. La transgresión de la sentencia supone el ingreso en prisión. Se trata, según fuentes implicadas en la lucha contra el delito callejero, de un hito dentro de la historia penal en Catalunya y, probablemente, en toda España.
La sentencia del juzgado de lo penal número 9 de la capital catalana en la que se condena a Sorín C. a la “prohibición de acercamiento al metro de Barcelona durante cinco años” ha dado grandes esperanzas al Ayuntamiento de Barcelona, a la judicatura, a la Fiscalía y a los Mossos d’Esquadra en su lucha contra la plaga de los hurtos en la capital catalana. Órdenes de alejamiento de lugares o edificios ya se han ido dictando en los últimos tiempos, pero nunca por delitos relacionados con el patrimonio, siempre lo habían sido por hechos o actos violentos contra las personas. Esa es la gran importancia de esta sentencia.
Los Mossos d’Esquadra encargados del combate a los multirreincidentes y al delito callejero están muy satisfechos con la sentencia. Consideran que es la mejor respuesta posible a un largo proceso de investigación y seguimientos -que suponen una importante movilización de personal y recursos- para sacar de las calles a estos delincuentes. Tanto los investigadores como la Fiscalía se han encargado de aportar atestados policiales suficientemente trabajados y rotundos como para demostrar fehacientemente que existen personas que usan el metro únicamente para robar a los usuarios. “Los acusados son carteristas habituales del metro”, se señala en la sentencia. El fallo no compromete la libertad deambulatoria del condenado pues no utilizaba el suburbano barcelonés para otra cosa que para el robo, no como medio de transporte.
El fallo judicial, de fecha nueve de enero de 2013, aparece en plural porque junto a Sorín C. fue juzgada también su compinche, Alexandra R. Sin embargo ella no admite la culpa y ha recurrido la sentencia. Esto supone que en su caso la resolución todavía no es firme. Si una instancia judicial superior confirmara la decisión del juzgado de lo penal, ella tampoco podría entrar en el metro en los próximos cinco años. Sorín C. fue detenido por primera vez en 2005 y cuenta sobre sus espaldas con 24 detenciones, 89 identificaciones y 29 denuncias. Estas últimas son aquellas que se interponen cuando se descubre tiempo después de los hechos que es el autor y, entonces, se interpone denuncia.
El precedente que sienta esta sentencia es el elemento clave para los implicados en el proceso penal y para las autoridades policiales y municipales, que ven en ello una nueva vía abierta. Se está convencido en esos ámbitos de que esta es sólo la primera de las sentencias que se dictarán en este sentido. Se trata de un anhelo que viene de muy lejos.
Es un capítulo más de la historia de la represión del hurto en Barcelona, puesta en marcha con mayor intensidad en los últimos tres años y que ha tenido su máxima expresión en la llamada operación Xarxa. Fue un dispositivo de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana -muy comprometida también en la lucha contra el delito callejero- desplegado en el metro donde se intensificó el patrullaje y donde se hicieron miles de identificaciones que ahora han servido, por ejemplo, para probar que alguien pasa la mayor parte de las horas del día en él trabajando como carterista.
Las estadísticas señalan que en estos últimos tres años los delitos de hurto, aquellos en los que el botín supera los 400 euros, han ido descendiendo paulatinamente. Ello se atribuye, entre otros factores, a la acción coordinada de las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y la judicatura en la represión de estos ilícitos penales y una especie de efecto llamada. “Ha corrido la voz entre la delincuencia que el trabajo policial que se hace en Barcelona les pone las cosas más difíciles”, explica con satisfacción un responsable de los Mossos en Barcelona.