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Un ICAM fuera de la realidad apruebaa medidas cosméticas ajenas a la crisis de la abogacía.

La abogacía de Madrid y las consecuencias del COVID-19

Ayer el ICAM, por fin, se pronunció sobre las medidas que desde distintos sectores de la abogacía de Madrid se le venían exigiendo en ayuda de la crisis profesional que afrontan miles de sus abogadas/os como consecuencia del Estado de alarma decretado por el COVID-19 y el resultado es decepcionante.

Examinamos a continuación las medidas adoptadas:

  1. Crear una partida de ayudas económicas extraordinarias y directas a los colegiados más vulnerables de un millón de euros, cantidad que viene determinada tras hacer una revisión de todas las partidas presupuestarias del Colegio para el año 2020 y por las propias limitaciones patrimoniales de la Institución.
  2. Canalizar estas ayudas, motivadas por una situación de fuerza mayor, a través de la Fundación Cortina, bajo la dependencia del Colegio.
  3. Definir las bases y criterios de acceso a las ayudas en la reunión de la Junta de Gobierno a celebrar el día 30 de marzo de 2020.

Los ingresos por cuotas según el presupuesto del ICAM 2020 son 21.874.500.- €; la ayuda de un millón de euros aprobada supone un 4,57% del importe de las cuotas.

Con ocasión de las pasadas elecciones a la Junta de Gobierno del ICAM, ALA puso de manifiesto[1] cómo el sector de los despachos de abogados está compuesto en un 85% por microempresas (menos de 10 abogados/as), un 12% son pequeñas empresas (menos de 50 abogados/as), un 2% son medianas empresas (menos de 250 abogados/as) y un 1% son grandes empresas (más de 250 abogados/as).

Sin perjuicio de que es evidente que esta crisis puede golpear a la abogacía cualquiera que fuera el tamaño de los despachos, lo que es evidente es que son los pequeños despachos (el 85%) los que van a sufrir los mayores perjuicios teniendo en cuenta que muchos de ellos son pequeños despachos formados por uno, dos o tres abogados/as sin “colchón” que respalde su vida profesional y su subsistencia económica ante una situación como la presente.

Ya con ocasión de la crisis económico-financiera del año 2008 la facturación media de este 85% de despachos cayó un 23 %, mientras que la facturación del 15% restante incrementó sus beneficios en un 29%[2].

Sirvan estos datos para significar la inutilidad de la ayuda prevista. No estamos ahora ante una disminución de la actividad económica que perjudique el rendimiento de la actividad profesional (como en la crisis de 2008), sino ante el cese prácticamente total de la actividad profesional que no va acabar con el levantamiento del estado de alarma, sino que, previsiblemente, va a arrastrar sus efectos profesionales y económicos hasta muchos meses después.

Además, el ICAM plantea que esa ayuda de un millón de euros es “…a los colegiados…”, expresión que incluye a la abogacía que es la directamente afectada según hemos expuesto, y a los llamados “colegiados/as no ejercientes”. Esto es un escarnio para la abogacía que está obligada, si quiere ejercer la profesión, a colegiarse en el ICAM por lo que el pago de sus cuotas es obligatorio, mientras que los “no ejercientes” son licenciados en derecho, no abogados/as, con cualquier profesión ajena a la abogacía y que se colegian voluntariamente por razones de prestigio, servicios, etc. La solución para los “no ejercientes”, si es que les afecta la crisis, es sencilla, que se den de baja en el ICAM y se ahorrarán el pago de cuotas, pero nunca puede pasar por que el ICAM les subvencione el “capricho” de la colegiación.

Además, el ICAM, obviando la urgencia de las medidas que se le pedían, retrasa las bases y criterios de su concesión hasta su aprobación el 30 de marzo de 2020, por lo que la solicitud, tramitación, concesión y efectividad de las ayudas pueden retrasarse varios meses.

  1. Poner a disposición de colegiados y colegiadas, en condiciones de gratuidad y hasta que las adversas circunstancias que atravesamos sean superadas, las instalaciones de ‘Espacio Abogacía’, siendo sus correspondientes gastos sufragados por la Fundación Cortina. Los usuarios deberán acreditar la pérdida de su espacio de trabajo debido a los efectos de la crisis del covid-19 para disponer así de despachos, salas de reuniones y zonas comunes para el ‘networking’. Quedará igualmente a disposición de los colegiados y colegiadas, temporalmente, el área hasta ahora designada al ‘Club Senior’, en las mismas dependencias de la Calle Bravo Murillo, 377, frente a los juzgados de Plaza de Castilla.

Esta medida podría tener sentido en una situación diferente, ahora no es más que un “brindis al sol”. El problema es que ha cesado la actividad profesional, por lo que lo principal no es disponer de un espacio para desarrollarla sino de capear económicamente la crisis: los gastos de alquiler, teléfono, luz, administrativos, etc. de los despachos se mantienen aunque acudas a “Espacio abogacía”. ¿En qué consiste la “pérdida del espacio de trabajo”? ¿Cómo se acredita? Nada de esto se define, lo que indica que la medida no es ninguna solución mínimamente consistente frente a la crisis de la abogacía, se trata de proponer algo para que parezca que se dan soluciones que no existen.

  1. Suspender el pago de las cuotas colegiales correspondientes al segundo trimestre del año a aquellos colegiados y colegiadas que lo soliciten expresamente, prorrateando su devolución durante el año 2020-2021; apelando, en su caso, a la responsabilidad y solidaridad de los colegiados para que puedan acogerse a esta medida tan excepcional.

Esta medida, de nuevo, es inconsistente. Bien está apelar a la “…responsabilidad y solidaridad…” pero ¿en base a qué criterios se van a adoptar las decisiones de suspensión de pago de cuotas a quienes lo soliciten? Y, de nuevo, ¿también los “no ejercientes” pueden pedir la suspensión del pago de las cuotas?

ALA propuso el 20 de marzo un Plan especial de actuación del ICAM[3] con siete medidas concretas y detalladas, planteando al ICAM nuestra colaboración en esta situación extraordinaria y que se creara una comisión específica, representativa de la abogacía, para colaborar en la adopción de medidas de ayuda a colegiados en esta crisis. Asimismo, el 22 de marzo[4] concretó hasta 8 partidas presupuestarias y tres criterios de reducción de gastos para subvencionar dicho plan. Más allá de un acuse de recibo educado del decano no hemos tenido respuesta a ninguna de las propuestas concretas realizadas.

Ni siquiera el comunicado publicado ayer por el ICAM detalla de qué partidas presupuestarias concretas sale el millón de euros destinado a ayudas, desconociendo qué otros gastos del ICAM, que podrían ser también afectados, han sido “salvados” por la decisión de la Junta de Gobierno.

La abogacía de Madrid en estos momentos le pide al decano y a la Junta de Gobierno del ICAM compromiso, sacrificio, soluciones, transparencia y participación y, sobre todo, que salgan de una vez de la “torre de marfil” que se han creado con un ICAM ajeno a la Abogacía que se ve obligada a pertenecer a él: existen cargos y puestos en el ICAM, creados por esta Junta de Gobierno, y sobradamente conocidos y denunciados en las Juntas Generales, inútiles y con elevados sueldos y cuya supresión no redundaría en ningún perjuicio para el funcionamiento de la Corporación. Instituciones absurdas, como el Consejo de colegios de abogados de la Comunidad de Madrid, se llevan cientos de miles de euros para un trabajo inútil y prescindible. El ICAM tiene presupuestado un canal ICAM TV por 50.000.- €. El proyecto tecnológico IBM acabó con un gasto de 7 millones de euros para un proyecto que nunca se implantó y los responsables de su aprobación y gestión no han sido denunciados por la Junta de Gobierno pese al escándalo. Y esto es sólo la punta del iceberg del ICAM “para ricos” y ajeno a la realidad que sufrimos.

ALA mantiene su propuesta de colaboración y la exigencia, urgente, de la creación de una comisión representativa de la Abogacía del ICAM, específica para el debate y aprobación de un plan especial de ayuda a la abogacía para paliar las consecuencias del estado de alarma por el COVID-19. Pero esta colaboración es exigente e informada, y para ayudar realmente a la abogacía afectada por la crisis con medidas valientes y comprometidas, no vamos a dar ningún apoyo a medidas absurdas como las propuestas ayer por la Junta de Gobierno.Grupo de trabajo de asuntos colegiales de ALA.

Grupo de trabajo de asuntos colegiales de ALA.

 

[1] . José Mª Alonso: los grandes despachos quieren recuperar el ICAM.
[2] . Dirigentes digital.com, 1 de junio de 2017.
[3] . Plan especial de actuación del ICAM de ayuda a abogados/as para paliar las consecuencias del estado de alarma por el COVID-19. Web de ALA
[4] . Propuesta de reducción de gastos presupuestarios y asignación de cantidades al Plan especial de actuación del ICAM de ayuda a abogados/as para paliar las consecuencias del estado de alarma por el COVID-19. Web de ALA

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