El pasado jueves 28 de abril celebramos un acto en defensa de la libertad de expresión, opinión y creación en el Teatro del Barrio, en solidaridad con “Los Titiriteros”. Convocados por los diarios CTXT y Público, participamos en él ALA, Amnistía Internacional, No Somos Delito, un sindicalista y varios artistas encausados por sus mensajes en canciones y redes.
El clímax del evento fue la representación de la misma obra que llevó a prisión preventiva a los Titiriteros: mismos diálogos, mismos cachivaches, mismas pancartas. Una bruja fue violada por un especulador inmobiliario, un policía puso un cartel falso en manos de la bruja para crear un montaje y un juez fue ahorcado.
Si seguimos el tenor literal del auto del Juzgado Central de Instrucción 2 que encarceló en febrero a los Titiriteros, en ese acto se estaban cometiendo de nuevo sendos actos delictivos castigados con hasta 7 años de prisión por enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio. No debería quedar más remedio que iniciar nuevas diligencias y encausar, como mínimo, a los actores que representaron la obra y a los que organizaron el evento. El mismo juez entraba de guardia ese día y tendría conocimiento del acto inmediatamente, en cuanto los medios de comunicación lo difundieran. Una asociación ya ha pedido la comparecencia de los actores en el Juzgado.
Algunos considerarán esta representación una provocación innecesaria, ganas de llamar la atención, buscar la polémica gratuita. En ALA pensamos que esta provocación es necesaria si queremos mantener unos estándares mínimos de democracia.
¿Es nuestra democracia de tan baja calidad que representar una obra de teatro ya es un acto de desobediencia civil? ¿A qué punto de insanidad democrática hemos llegado para considerar necesario desafiar a un juzgado escenificando una pieza de marionetas de trapo?
En ALA llevamos varios años denunciando la deriva autoritaria del Gobierno. Un Gobierno que modifica la ley, detiene y acusa según sus miedos personales, no según el principio de intervención mínima del sistema penal. Y al que se le ha sumado gustosamente el estamento judicial, quien ha dejado de ser el limitador de los excesos del Gobierno para ser cooperador necesario en esta deriva. El poder judicial no solo ha contribuido a que los delitos de opinión se ensanchen más y más hasta abarcar cualquier expresión que no comparta el gobierno o la judicatura, sino que ha sido incapaz de denunciar o renunciar al doble rasero con que estos delitos son aplicados según quién sea el emisor del mensaje.
En ALA nunca defenderemos que la vía penal es la adecuada para castigar con regularidad las expresiones relacionadas con el interés general que ofenden, disgustan y hasta inquietan, pues todo ello forma parte del debate democrático que nos permite cuestionarnos nuestros prejuicios, considerar nuevos puntos de vista y hacernos avanzar hacia una comunidad más sana, libre y justa.
Y desde luego, jamás aprobaremos que la sola expresión de ideas constituyen un peligro tan grave e inminente para nuestra sociedad que sus autores merezcan ser encarcelados preventivamente. Desde esta mirada, cualquier provocación al poder administrativo o judicial para que se quite la máscara será un desafío imprescindible para defender nuestros derechos presentes y futuros.
Porque los derechos se obtienen ejerciéndolos, la libertad de expresión la ganamos expresándonos.
Desde ALA aplaudimos el valor de los actores Gloria Muñoz y Alberto San Juan al atreverse a representar otra vez la obra de títeres y reprochamos cualquier represalia judicial que pueda ser tomada por su actuación reivindicativa.
También censuramos que, a día de hoy, los dos titiriteros aún sigan investigados por la comisión de dos delitos castigados con hasta 7 años de prisión.
En Madrid a 2 de mayo de 2016,
La Junta Directiva de ALA.