Un abogado acusa al decano de Madrid de prevaricar en el 'caso Gürtel'

{12 ABR 2012 | D. CARRASCO.}
La condena del Tribunal Supremo a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación para ocupar un cargo judicial por autorizar de forma ilegal las escuchas entre abogado y su cliente en prisión por la trama Gürtel ha provocado el primer efecto colateral. El letrado José Luis Mazón ha presentado una querella contra el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Según el escrito, al que ha tenido acceso LA GACETA, Mazón acusa al decano de “incumplir el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de 20 de octubre de 2009 por el que se decidió formular una querella contra Garzón por ordenar escuchas entre abogados y clientes en los locutorios de la cárcel”. La decisión de la junta consistió en personarse en el procedimiento que se inicie a instancias del fiscal y, en caso de que ello no fuera así, autorizar la presentación de la querella. Pues bien, según Mazón, pasaron los meses y no hubo querella del fiscal ni del Colegio. De esta manera, “Hernández-Gil no cumplió las obligaciones jurídico-públicas contraídas”. Y es que el artículo 50 de los Estatutos del Colegio de Abogados de Madrid afirma de modo taxativo que “los acuerdos del Decano, la Junta de Gobierno y la Junta General serán inmediatamente ejecutivos salvo que el propio acuerdo disponga otra cosa”.
A juicio del letrado Mazón, “estos hechos documentales son más que suficientes para interponer una querella por la vía del artículo 404 del Código Penal que tipifica la prevaricación administrativa, esto es, dictar una resolución arbitraria”.
Grave omisiónSegún la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “es arbitraria no sólo la decisión que se documenta sino también la que se adopta y no se ejecuta, es decir, la omisiva de dejar de hacer lo que es debido”. Es más, existen numerosas sentencias que avalan “la responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión, cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”.
El abogado Mazón está convencido de que “Hernández-Gil cedió a las presiones ejercidas por altas instancias del Ejecutivo socialista o, lo que es igual, intercambió favores”. No se debe olvidar que el Colegio calificó las escuchas autorizadas por Garzón como “intolerables para el ejercicio de defensa”.