UGT Madrid alude a "la grave situación" del derecho a la justicia gratuita

{10-02-2012 / EFE}
El sindicato UGT considera que los datos de la Comunidad de Madrid sobre la asistencia jurídica gratuita demuestran “la grave situación” del Turno de Oficio, los problemas para abogados y procuradores y la reducción de las personas que han tenido acceso a la tutela judicial garantizada por la Constitución.
Así lo expresa hoy UGT Madrid en un comunicado en el que se refiere al anuncio hecho la víspera por el Gobierno regional de que ha aprobado el gasto de 34 millones de euros para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, una partida con la que -ha dicho- “se pone al día y liquida todos los pagos”.
Según el Gobierno regional, en 2011 un total de 103.279 personas solicitaron acogerse a este derecho.
En una nota de prensa de UGT Madrid, el sindicato afirma que si en 2010 fueron 134.496 ciudadanos los solicitantes de justicia gratuita -según datos del Colegio de Abogados-, en 2011 lo han solicitado 31.217 menos, y añade que “si la comparación se efectúa con 2009 la reducción se eleva a 45.039, un 30% menos”.
En el orden contencioso administrativo, dice UGT Madrid, los datos reflejan que se ha pasado de 33.127 ciudadanos que solicitaron el beneficio de la justicia gratuita en 2009 “a tan sólo 8.698 ciudadanos en 2011, una reducción del 74 por ciento”.
En opinión del sindicato, es “preocupante” que en la Comunidad disminuyan las personas con escasos recursos que puedan ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos, en un momento en el que se incrementan los casos “de hogares y personas afectados por distintos procesos de exclusión social”.
“La gestión de la administración regional no puede, ni debe, obstaculizar el acceso de todas las personas a la justicia”, dice el sindicato.
Se trata, dice UGT Madrid, de un derecho constitucional que “debe ser real y efectivo, incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos”.
Según el gobierno de la Comunidad, del gasto autorizado, 30,9 millones de euros corresponden al Colegio de Abogados de Madrid y 3,1 millones al Colegio de Procuradores, y en ambos casos los importes se destinan a cubrir los honorarios de estos colectivos profesionales por sus servicios.
El Gobierno regional explicó este jueves que “la asistencia jurídica gratuita está garantizada para todos aquellos ciudadanos que la necesiten”.