STOP DESAHUCIOS, construyendo la justicia desde la participación popular

{RAFAEL MAYORAL01/05/2012}
Un año después del 15 mayo se han parado más de 200 desahucios. La respuesta popular al aluvión de desalojos forzosos de población vulnerable sin alternativa habitacional, se ha convertido en una realidad cotidiana. La interacción entre las asambleas populares del 15-M y las plataformas de afectados por la hipoteca ha permitido la visualización del salvajismo ejercido por las entidades financieras contra los sectores más golpeados por la crisis. Al tiempo, ha supuesto un cuestionamiento efectivo de los desalojos forzosos de población vulnerable sin alternativa habitacional y las deudas perpetuas derivadas de los procedimientos de ejecución hipotecaria.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) nació para hacer frente a las ejecuciones hipotecarias masivas que se llevaban a cabo en los juzgados del Reino de España, impulsadas por medio de la autoorganización y el apoyo mutuo. Más de 350.000 demandas se amontonaban en los juzgados arrasando con las vidas de la gente trabajadora azotada por el paro y una precariedad insoportable.
Mientras se desató la vorágine de las ejecuciones hipotecarias masivas, miles de millones de euros públicos han ido a parar a las arcas de las entidades financieras en forma de ayudas directas, avales, préstamos blandos, etc. Por si fuera poco, el Banco Central Europeo ha dado barra libre de millones para la banca como el único mecanismo para evitar el colapso de los principales responsables de la crisis.
La crisis que nos ha tocado vivir está acabando con los mitos de la Transición destapando las verdaderas esencias del poder en el Reino de España. La división de poderes del liberalismo clásico en ejecutivo, legislativo y judicial apenas va quedando como una concepción idealista del poder, alejada de una realidad cada vez más cruda donde bajo el modelo neoliberal, se manifiestan tres poderes: el económico, el político y el de la sociedad civil.
El poder económico, cada vez más monopolizado por el capital financiero bajo una gran concentración, instrumenta el poder político en un proceso de sometimiento y disgregación de la sociedad civil.
El poder económico, cada vez más monopolizado por el capital financiero, instrumenta el poder político
Los momentos de crisis, decían los clásicos, suponen una agudización de las contradicciones. Esa agudización evidencia los mecanismos de ejercicio del poder puesto que los intereses se contraponen más abiertamente y el proceso de reproducción ampliada de capital y de concentración del mismo requiere de procesos de explotación y desposesión más salvajes y más evidentes.
La vivienda, un bien de primera necesidad y un derecho reconocido por diversos textos legales, entre otros por la Constitución de 1978, ante la ausencia de un parque público suficiente para asegurar su ejercicio, ha sido paulatinamente puesto bajo el monopolio del capital financiero mediante la articulación de un mercado basado en la propiedad y en los préstamos hipotecarios.
El préstamo hipotecario ha permitido el aumento desorbitado de los precios mediante la ampliación del número de años de la obligación. Así, pasamos en nuestro país de préstamos hipotecarios de 10 a 15 años, a 20, a 30 años y finalmente a 40 años. En el momento del estallido de la burbuja se preparaba la puesta en circulación de préstamos hipotecarios a 50 años.
La situación de emergencia habitacional y de alarma social derivada de las ejecuciones hipotecarias masivas ha provocado la respuesta colectiva de las víctimas mediante la organización de plataformas de afectados por la hipoteca. Estas ponen de manifiesto que nos encontramos ante un problema que no es civil y mercantil sino de derechos humanos. Un conflicto que no es individual sino un conflicto colectivo.
El comité DESC de la ONU vincula el derecho a una vivienda adecuada a la prohibición de desalojos forzosos. En la actualidad, una de las principales fuentes de vulneración del derecho a la vivienda son los desalojos forzosos, sobre todo aquellos que recaen en los grupos más empobrecidos de la población. El comité subraya que “los desalojos no pueden resultar en la constitución de individuos sin vivienda o vulnerables a la violación de otros derechos humanos”.
La paralización de desahucios por parte de la sociedad civil, a través de movilizaciones que saltan a los medios de comunicación, pretenden evitar la violación de derechos humanos. Asimismo, visualizan un conflicto en el que los sectores populares luchan contra el predominio, contra la fuerza dominante del capital financiero, contra su dictadura.
Las plataformas de afectados por la hipoteca de toda España, en sinergia con las asambleas populares del 15-M, con el apoyo de otros movimientos sociales y colectivos, plantean con su acción cotidiana la respuesta de la gente trabajadora, de la sociedad civil ante la actual situación de emergencia social, articulando respuestas colectivas solidarias, paralizando desahucios, desarrollando la solidaridad y el apoyo mutuo, impulsando cuantos cambios legislativos sean necesarios para proteger los derechos humanos frente a los desmanes de las entidades financieras, aplicando de forma directa como derecho positivo los pactos internacionales en materia de derechos humanos en concreto el PIDESC y las Observaciones Generales del Comité DESC de la ONU que lo desarrolla.
En la práctica el movimiento popular, las plataformas de afectados por la hipoteca, las asambleas populares del 15-M, las asociaciones de vecinos y otros colectivos sociales están construyendo una verdadera justicia a través de la participación democrática. Una justicia basada en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
Nadie sabe qué puede depararnos la crisis, pero lo que sí es seguro es que solo podemos confiar en el pueblo
La articulación de procesos políticos participativos de cambio de la legislación por medio de la movilización de la sociedad civil resultan imprescindibles para la articulación de respuestas a la situación de emergencia que vivimos. En ese marco se sitúa la ILP por el derecho a la dación en pago y contra los desahucios promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatori DESC, las asociaciones de vecinos, las Asociaciones de Consumidores, la Taula del tercer Sector o los sindicatos. Todos ellos con el apoyo generalizado de los movimientos populares y especialmente de las asambleas populares del 15-M que inician una acción que se extenderá por todo el Estado en lo que podría ser un eje unitario movilizador de la lucha popular contra el predominio del capital financiero, contra la dictadura.
Nadie sabe qué puede depararnos la crisis y el ejercicio de la dictadura financiera, pero lo que sí es seguro es que solo podemos confiar en el pueblo, en su capacidad de lucha, en su capacidad para resolver problemas, en el desarrollo del intelectual colectivo para encontrar salidas donde a veces parece que no existen. A las organizaciones, los colectivos, los movimientos nos toca asumir el papel de dinamizadores, de facilitadores de la lucha en un modelo inclusivo que permita el pleno desarrollo de las potencialidades creadoras de la gente trabajadora, del pueblo en la construcción de la alternativa, del proceso participativo constituyente capaz de superar la dictadura financiera y de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Rafael Mayoral es asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid