Gallardón convierte a los procuradores en agentes de la autoridad y vincula la agilidad de la Justicia al pago de una «tasa»
n. villanueva / Madrid Día 07/05/2013
Agilizar los trámites procesales y conseguir una Administración de Justicia más eficaz. Este es el motivo que ha llevado al Ministerio de Justicia a reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar a los procuradores todos los actos de comunicación y determinados actos de ejecución en el transcurso de un procedimiento. La contrapartida: el ciudadano que quiera esa justicia más ágil tendrá que pagar al procurador unos aranceles que todavía no se han fijado, pero que según adelantó ayer el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, podrían oscilar entre los 30 y 50 euros por acto. En cualquier caso, los tiempos de respuesta de la Justicia podrían reducirse «de meses a días».
¿Será obligatorio ese pago? No, se trata de una alternativa que puede escoger el litigante al inicio del procedimiento. La otra opción es continuar con el modelo que impera ahora: que sean los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia los que se encarguen de estas comunicaciones. El inconveniente es la lentitud de los trámites procesales, algo que seguirá imperando en un sistema en el que no está claro que un particular acceda al pago del procurador si tiene razón y no puede recuperar ese dinero a través de las costas. Las ventajas, sin embargo, son obvias en casos de «desahucios por falta de pago, entidades de crédito o divorcios», según apuntó el propio Estévez, quien negó que esta reforma implique que para tener una justicia rápida haya que pagar y señaló que las jurisdicciones más beneficiadas por este nuevo sistema son la Civil y la Contencioso-Administrativa.
«Cuantías más ajustadas»
En el desempeño de estas nuevas funciones, el procurador tendrá la condición de «agente de la autoridad» y actuará «siempre bajo las directrices del secretario judicial y sometido al control del tribunal».
Para el presidente de la Procura, la justicia no tiene que ser gratuita y en este sentido avala el sistema de tasas que estaba vigente hasta la aprobación de la ley de Gallardón en diciembre: unas tasas para sociedades de las que estaban exentas las personas físicas. Respecto a las actuales, Estévez considera que se podían haber establecido unas «cuantías más ajustadas» y más exenciones que las previstas. Justificó la no beligerancia del colectivo hacia el Ministerio de Justicia por este asunto en que cualquier oposición en este sentido no iba a servir para nada, porque «al ministro no se le iba a quitar de la cabeza».
Estévez destacó con esta reforma, aprobada el viernes en el Consejo de Ministros, la legislación española se equipara a la europea y a la vez «se acerca la Justicia al ciudadano». Y es que, como reconoció el presidente de los procuradores españoles, el profesional sale reforzado con esta reforma, aunque para el colectivo no son suficientes las nuevas funciones que la ley les atribuye. Ahora seguirán dando la batalla por un «tema controvertido»: la equiparación (del colectivo) con la Abogacía.