El próximo día 8 de febrero de 2021 comenzarán las sesiones del juicio oral de la caja B del PP y el equipo de letradas de la Acusación Popular de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU) y Ecologistas en Acción (EA) #QuerellaBarcenas lo afronta con la perspectiva y en la confianza de que el juicio servirá para constatar fehacientemente las irregularidades continuadas y con relevancia penal en la financiación del Partido Popular.
Mientras la Fiscalía se limitaba a abrir meras diligencias de investigación sin valor judicial, esta acusación de ALA, IU y EA interpuso la primera querella por este asunto, el 28 de febrero de 2013, fundamental para que se abriera una verdadera investigación judicial. A la vez esta acusación no ha cejado en impulsar la investigación de los supuestos delitos de cohecho cometidos, incluyendo en su querella y posterior ampliación, a una treintena de empresarios pagadores del PP, línea de investigación que ahora ha recogido con renovado impulso instructor el Juzgado Central de Instrucción nº 5.
El juicio comienza con las cuestiones previas planteadas por las defensas, todas ellas improcedentes en nuestra opinión. Alguna de ellas plantea incluso la prescripción de los delitos, situación que en modo alguno se produce respecto de los delitos enjuiciados. En lo que respecta a la vulneración de los derechos fundamentales alegada por la defensa del señor Bárcenas, y sin adelantar lo que se expondrá en la sesión plenaria, esta acusación entiende que la instrucción que se llevó a cabo en su momento, fue rigurosa, por lo que no puede prosperar esta cuestión.
Una de las defensas también alega la improcedencia de la actuación de las acusaciones populares en este juicio. Respetando el derecho de defensa de los acusados, sólo nos cabe manifestar en este momento que tal alegación carece de base legal, siendo además una cuestión ya resuelta de forma reiterada por los tribunales de justicia. Las acusaciones populares han impulsado de forma activa y leal el proceso, cumpliendo con el valor constitucional que tienen encomendado. Y en un momento en el que esta figura de la acusación popular está siendo tan cuestionada, este es uno de los mejores ejemplos de la importancia de su protección.
Llegar hasta aquí ha supuesto un trabajo arduo, durante más de 8 años, lleno de obstáculos. Sentimos una profunda satisfacción profesional por haber llegado hasta aquí y confiamos en que, como expresión de la voz de la ciudadanía, los culpables de estos hechos paguen su responsabilidad.
