¿Por qué no apoyamos el II Congreso de la Abogacía Madrileña?
Mañana empieza el II Congreso de la Abogacía Madrileña y nuestra asociación ha decidido no apoyarlo ni promoverlo, haciendo partícipe de ello a la Junta de Gobierno del ICAM, por los siguientes motivos:
1) Pese a su experiencia y conocimientos, no se ha tenido en cuenta la opinión y visión, ni invitado a participar en su organización, a las asociaciones de profesionales de la abogacía en Madrid. Las asociaciones sí fueron, en cambio, invitadas a los actos de inauguración y clausura.
2) El programa no contempla muchos aspectos esenciales que el ICAM debería haber promovido, no por mero interés profesional, sino por ser su deber legal como corporación pública con competencias en materia de justicia.
Así, el Turno de Oficio solo hace su aparición para explicar en una mesa redonda los nuevos turnos especializados, y en otra lo hace de manera tangencial para explicar sus aspectos fiscales. Los Servicios de Orientación Jurídica directamente no aparecen. Todo ello pese a ser el Turno de oficio uno de las vías principales de financiación de la Corporación pública y aquella, junto con la deontología profesional, que le otorga tal estatuto privilegiado.
El derecho de extranjería, en una región con más de 860.000 personas extranjeras empadronadas, es solo objeto de dos mesas de debate.
El derecho laboral ocupa igualmente solo dos mesas.
En contraposición, otras áreas cuya importancia no desmerecemos, reciben muchísima más atención con seis y siete mesas.
c) De manera equivalente, observamos una línea de opinión claramente uniforme y con poco espacio real para un debate contradictorio en la mayoría de las mesas. Botón de ello es el gran número de ponentes de grandes despachos y “boutiques del derecho” en mesas que podrían contar con mayor presencia de voces diferentes (Derecho inmobiliario y de acceso a la vivienda, derecho administrativo, derecho de familia, derecho penal económico, derecho financiero/bancario, etc).
d) Consideramos que los precios de inscripción son muy altos y que podría haberse reducido atendiendo a otras partidas de ingresos. Consideramos un acierto, eso sí, el establecer precios reducidos para colegiados/as jóvenes y miembros del Turno de oficio.
e) De toda la organización, programa y difusión se destila un fuerte aroma de autopublicidad para el ICAM, y no de auténticos servicios y programas realmente dirigidos a los/as colegiados.
El apartado de patrocinios (Exposición comercial) está más desarrollado que el propio programa del Congreso y, a juzgar por los precios ofertados, nos cuesta pensar que dichos ingresos no pudieran financiar parcialmente las inscripciones al propio Congreso.
f) Especialmente cuando tenemos constancia de que los ponentes de las mesas de debate no van a ser remunerados por su trabajo, por lo que nos preguntamos qué costes está satisfaciendo las cuotas de inscripción.
En suma, este Congreso es más una herramienta de publicidad y marketing para determinados sectores jurídicos y cuasi-jurídicos y para la propia Junta de Gobierno, que una verdadera herramienta de difusión del conocimiento para los abogados madrileños.
Así, celebramos que se hayan incluido mesas redondas sobre temas de actualidad (Derechos humanos en Palestina, Conflictos colectivos, Crisis de los refugiados, Derecho animal o Maternidad subrogada) pero para que este Congreso fuera realmente de la abogacía madrileña debería tener precios más asequibles, más mesas y ponencias en aquellas áreas donde se encuadran la inmensa mayoría de los colegiados y, decididamente, mayor presencia de la razón de ser de los colegios profesionales: La deontología profesional y la colaboración con el cumplimiento del derecho constitucional de acceso a la Justicia de la ciudadanía. De lo contrario, y como es el caso, estamos ante un escaparate de las bondades de esta Junta de Gobierno y de los despachos que la promocionan.
La Junta Coordinadora de ALA.
1) Pese a su experiencia y conocimientos, no se ha tenido en cuenta la opinión y visión, ni invitado a participar en su organización, a las asociaciones de profesionales de la abogacía en Madrid. Las asociaciones sí fueron, en cambio, invitadas a los actos de inauguración y clausura.
2) El programa no contempla muchos aspectos esenciales que el ICAM debería haber promovido, no por mero interés profesional, sino por ser su deber legal como corporación pública con competencias en materia de justicia.
Así, el Turno de Oficio solo hace su aparición para explicar en una mesa redonda los nuevos turnos especializados, y en otra lo hace de manera tangencial para explicar sus aspectos fiscales. Los Servicios de Orientación Jurídica directamente no aparecen. Todo ello pese a ser el Turno de oficio uno de las vías principales de financiación de la Corporación pública y aquella, junto con la deontología profesional, que le otorga tal estatuto privilegiado.
El derecho de extranjería, en una región con más de 860.000 personas extranjeras empadronadas, es solo objeto de dos mesas de debate.
El derecho laboral ocupa igualmente solo dos mesas.
En contraposición, otras áreas cuya importancia no desmerecemos, reciben muchísima más atención con seis y siete mesas.
c) De manera equivalente, observamos una línea de opinión claramente uniforme y con poco espacio real para un debate contradictorio en la mayoría de las mesas. Botón de ello es el gran número de ponentes de grandes despachos y “boutiques del derecho” en mesas que podrían contar con mayor presencia de voces diferentes (Derecho inmobiliario y de acceso a la vivienda, derecho administrativo, derecho de familia, derecho penal económico, derecho financiero/bancario, etc).
d) Consideramos que los precios de inscripción son muy altos y que podría haberse reducido atendiendo a otras partidas de ingresos. Consideramos un acierto, eso sí, el establecer precios reducidos para colegiados/as jóvenes y miembros del Turno de oficio.
e) De toda la organización, programa y difusión se destila un fuerte aroma de autopublicidad para el ICAM, y no de auténticos servicios y programas realmente dirigidos a los/as colegiados.
El apartado de patrocinios (Exposición comercial) está más desarrollado que el propio programa del Congreso y, a juzgar por los precios ofertados, nos cuesta pensar que dichos ingresos no pudieran financiar parcialmente las inscripciones al propio Congreso.
f) Especialmente cuando tenemos constancia de que los ponentes de las mesas de debate no van a ser remunerados por su trabajo, por lo que nos preguntamos qué costes está satisfaciendo las cuotas de inscripción.
En suma, este Congreso es más una herramienta de publicidad y marketing para determinados sectores jurídicos y cuasi-jurídicos y para la propia Junta de Gobierno, que una verdadera herramienta de difusión del conocimiento para los abogados madrileños.
Así, celebramos que se hayan incluido mesas redondas sobre temas de actualidad (Derechos humanos en Palestina, Conflictos colectivos, Crisis de los refugiados, Derecho animal o Maternidad subrogada) pero para que este Congreso fuera realmente de la abogacía madrileña debería tener precios más asequibles, más mesas y ponencias en aquellas áreas donde se encuadran la inmensa mayoría de los colegiados y, decididamente, mayor presencia de la razón de ser de los colegios profesionales: La deontología profesional y la colaboración con el cumplimiento del derecho constitucional de acceso a la Justicia de la ciudadanía. De lo contrario, y como es el caso, estamos ante un escaparate de las bondades de esta Junta de Gobierno y de los despachos que la promocionan.
La Junta Coordinadora de ALA.