El Consejo General del Notariado, que agrupa a 3.000 notarios que, desde 2007, han visto caer sus ingresos más de un 70%, según esta institución, ha acogido con los brazos abiertos la intención del Gobierno de desarrollar una ley de mediación y de jurisdicción voluntaria que les permita asumir los matrimonios civiles o los divorcios de mutuo acuerdo (excepto aquellos en que haya hijos menores de tres años, que se continuarían tramitando en los juzgados para que el fiscal intervenga en beneficio del menor).
Los responsables del notariado han transmitido a Ruiz-Gallardón, en una visita a la sede del Ministerio de Justicia, su “disposición para asumir nuevas funciones en materia de jurisdicción voluntaria, arbitraje y mediación, tanto para prevenir futuros conflictos que pudieran derivar en la vía judicial, como para contribuir, en la medida de lo posible, a descongestionar los tribunales”.
“Necesaria” y “preceptiva” intervención del abogado
El ministro también se ha reunido esta semana con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, que ha reivindicado la “necesaria” y “preceptiva” intervención del abogado en las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, “independientemente de que se tramiten en sede judicial o en oficina notarial”, algo que, según el CGAE, Ruiz-Gallardón ha garantizado que no se vería afectado por la reforma que ha planteado.
El CGAE ha destacado la importancia que supone para los ciudadanos contar con el asesoramiento jurídico especializado de los abogados en todos los procesos o conflictos de índole matrimonial, al tiempo que ha expresado su apoyo a cualquier medida que, “de forma racional”, sirva para descongestionar los órganos judiciales y agilizar la Administración de Justicia.
Más críticos se han mostrado algunos colegios de abogados, como el de Santiago de Compostela, que considera “dudosa” la “constitucionalidad” de la propuesta formulada por el ministro de Justicia. El decano de los letrados compostelanos y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Evaristo Nogueira, ha señalado que la disolución de un matrimonio por divorcio en España “tiene que ser siempre mediante sentencia judicial”, por lo que “proponer que jueces y magistrados no intervengan en el proceso es de dudosa constitucionalidad, a no ser que se modifique la Constitución”. También ha recordado que en los divorcios de mutuo acuerdo “es necesaria la intervención del Ministerio Fiscal en caso de que el matrimonio tenga hijos menores” y ha sostenido que “no son estos los procedimientos que saturan los juzgados en España”.
En cuanto a las bodas civiles, el decano de abogados de Santiago ha afirmado que el expediente matrimonial “tiene que pasar el control del fiscal” por lo que, según ha indicado, “la propuesta del ministro tampoco se ajusta a lo que fija la Constitución”.
Por su parte, el secretario del Colegio de Abogados de Barcelona, Luis Sales, no cree que los notarios deban asumir la función de casar a las parejas. “Ya está bien como está”, ha asegurado, aunque sí se ha mostrado “plenamente a favor” de que los notarios puedan oficializar las separaciones y los divorcios, siempre que se den dos condiciones: que no haya menores de por medio y que los dos miembros de la pareja hayan sido previamente asesorados por un abogado.
El decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela también ha recordado que casarse en el juzgado es gratis en España, “lo que suponemos que cambiará si realiza en el despacho de un notario”.
{{Repercusiones económicas}}
En este sentido, la asociación Jueces para la Democracia ha criticado que prestaciones que actualmente constituyen un servicio público asociado a la Justicia “no pueden quedar sometidas al dictado del mercado”, en alusión a la propuesta de Ruiz-Gallardón. “La atribución de competencias a registradores y notarios puede implicar de hecho un encarecimiento de estos servicios”, ha avisado Jueces para la Democracia.
También la Asociación Francisco de Vitoria ha alertado de que la tramitación ante notario de matrimonios y divorcios civiles de mutuo acuerdo repercutirá en un mayor coste para los afectados.
El portavoz del colectivo, José Luis Armengol, ha señalado que los notarios “van a quitar poco trabajo a los jueces” y que “aunque a nivel judicial la medida no supone ningún problema, desde el ámbito ciudadano presenta complejidades”. En este sentido, ha apuntado que la propuesta de Gallardón, que sería incorporada a una reforma de la Ley de Mediación y Jurisdicción Voluntaria, “incrementará el gasto” de las personas que quieran casarse por lo civil o divorciarse, ya que tendrán que pagar “a un abogado, a un procurador y los aranceles notariales”.
{{Disposición de los secretarios judiciales}}
Quienes se han ofrecido a asumir las bodas y divorcios “con coste cero para la ciudadanía” son los secretarios judiciales. “Disponemos de personal capacitado y estamos dispuestos a ello”, ha asegurado el secretario general del Sindicato de Secretarios Judiciales, Rafael de la Fuente.
“No compartimos la idea del ministro de que la solución pase por desjudicializar”, ha explicado De la Fuente, que ha apostado por “desarrollar y mejorar el servicio público de la Justicia como forma de desatascarla”. “Los ciudadanos no son números, merecen todo nuestro respeto y dedicación” ha agregado el sindicato, que ha advertido que las opciones “de pago” pueden desembocar en la creación de “dos tipos de Justicia distintos”.
En esta misma línea, el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, ha destacado que este cuerpo del Estado lleva desde el año 2003 “esperando asumir competencias en beneficio del servicio público”. También la portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Marga Martínez, ha respaldado la propuesta al considerar que “agilizará el funcionamiento” de los juzgados de familia. “El divorcio de mutuo acuerdo no necesita de una especial tramitación procesal o intervención jurisdiccional”, ha indicado. Tras apuntar que es necesario concretar “si los notarios van a cobrar por este trámite”, Martínez ha señalado que los trámites de mutuo acuerdo que podría realizar este colectivo no deberían ser posteriormente revisados en un juzgado. “La judicialización sólo merece la pena cuando hay controversia”, ha apuntado. (Redacción iuris y Europa Press)
Notarios, abogados y jueces discrepan sobre la propuesta de desjudicializar los matrimonios y divorcios civiles
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