La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) de Madrid ha presentado el día 21 de noviembre queja ante el Defensor del Pueblo contra la declaración institucional de la Junta de Gobierno del ICAM, acordada en una reunión extraordinaria, que valoraba el contenido político del acuerdo entre dos partidos políticos sin consulta previa de ningún tipo a las colegiadas y colegiados y sin conocer entonces siquiera el contenido de la ley que, según las palabras del Decano, justificaría la supuesta urgencia de la convocatoria.
ALA denuncia que dicha declaración institucional supone un grave quebranto al deber de neutralidad del colegio sobre hechos de naturaleza política y vulnera la pluralidad exigible a los colegios profesionales y su funcionamiento democrático. La asociación recuerda en su queja también la doctrina del Tribunal Supremo que fue establecida en su sentencia 922/2019, de 27 de junio de 2019, que ya advertía que no es ajustado a Derecho que un colegio profesional tome oficialmente postura sobre cuestiones políticas que dividen a la sociedad y son ajenas a la función de defensa de los intereses profesionales.
Por ello, ALA ha solicitado al Defensor del Pueblo que, en cumplimiento de la normativa vigente, recuerde a los miembros de la Junta de Gobierno del ICAM su deber de abstenerse de emitir acuerdos y comunicados con posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas de los intereses profesionales a los que deben servir, y, en general, el de no tomar postura sobre cuestiones políticas que son ajenas a los intereses profesionales