No garantiza el servicio si no se efectúa el pago

{MADRID, 16 (EUROPA PRESS)}
El Colegio de Abogados de Madrid ha reclamado este viernes al Gobierno regional los 18,15 millones de euros que le devenga por los servicios del turno de oficio prestados entre enero y junio de este año, y ha avisado del “riesgo de quiebra” que existe en este servicio público.
En un comunicado, el Colegio señala que el importe “certificado” de los dos primeros trimestres del año en el Turno de Oficio asciende a 18,15 millones de euros, y ha alertado al Tribunal Constitucional (TC), al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido; al Ministerio de Justicia y al Defensor del Pueblo del “riesgo de quiebra inminente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la Comunidad de Madrid como resultado de la forma en que el Gobierno regional ejerce las competencias transferidas por el Estado en esta materia”.
Así, ha conminado al Gobierno regional al “pago urgente” de dicha cantidad, advirtiendo de que “de no librarse dicho pago de forma inmediata, la Junta de Gobierno del Colegio, que se reserva expresamente cuantas acciones le competen, no estará en condiciones de seguir garantizando el derecho de defensa y asistencia letrada de los ciudadanos mediante los servicios a su cargo”.
Además, ha requerido al Ejecutivo autonómico para que, “adicionalmente, disponga las habilitaciones presupuestarias necesarias para el pago de todas las cantidades que, por la prestación del servicio, se devenguen durante el ejercicio 2011, comprendiendo este requerimiento la reclamación de los intereses de demora”.
Asimismo, ha solicitado que en los presupuestos regionales para el año 2012 se incluya “una dotación suficiente” para este servicio, objetivo para el cual ha reclamado el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
“Desde el inicio de este año 2011 la Comunidad no ha tenido disponible cantidad alguna con la que atender el coste del servicio durante el ejercicio. El Colegio denunció desde el primer momento esta situación y, además, impulsó la creación de una mesa de trabajo para mejorar los procedimientos de gestión y pago del servicio”, ha recordado la institución.
Ante esa mesa de trabajo se presentó también, el pasado mes de abril, una propuesta de convenio en la que se incluía “el ofrecimiento de cooperar en la mejor gestión del servicio mediante el establecimiento de los procedimientos administrativos e instrumentos telemáticos” necesarios.
Sin embargo, el Colegio de Abogados ha reprochado que el equipo de Esperanza Aguirre no haya contestado aún a dicha iniciativa. Por ello, además de por “la inestabilidad generada entre los abogados afectados” por los retrasos en el pago, el Colegio “se ha visto en la necesidad de reordenar temporalmente las prestaciones a su cargo desde el 1 de junio de 2011 para asegurar la cobertura mínima de los servicios y evitar una irreversible lesión del derecho de defensa de los ciudadanos, esperando que el Gobierno regional regularizara su situación de incumplimiento”.
Y es que, según ha relatado, la “desatención” de la Comunidad de Madrid hacia sus “obligaciones en materia de asistencia jurídica gratuita” se manifiesta en las “constantes demoras” de sus pagos, que van “acompañadas de una incomprensible improvisación presupuestaria, alejándose año tras año del coste real del servicio, cuyo incremento en los últimos años ha sido el menor de todas las comunidades autónomas”.
Además, el Gobierno regional tampoco ha “revisado las remuneraciones de los abogados desde 2003”, lo que ha “obligado” a “ampliar las líneas crediticias que el Colegio facilita a los abogados para el cobro de sus remuneraciones, elevando además su vencimiento hasta los 450 días y asumiendo los abogados el cada vez mayor coste financiero del anticipo y el Colegio el riesgo del impago a vencimiento por la Comunidad”.