El estatuto jurídico de las Reglas Nelson Mandela es complejo. La Asamblea General señaló que no eran “jurídicamente vinculantes” en su resolución 72/193, de 2017, en la que promovió su aplicación en la práctica y, al mismo tiempo, subrayó su condición de “reglas mínimas universalmente reconocidas y actualizadas para el tratamiento de los reclusos”. En las observaciones preliminares de las Reglas Nelson Mandela se destaca que en ellas se enuncian “los principios y prácticas que hoy en día se reconocen como idóneos en lo que respecta al tratamiento de los reclusos y la administración penitenciaria” y se afirma que representan, en su conjunto, las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas . Lo cierto es que en los años transcurridos desde la aprobación inicial de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en 1955, su importancia ha ido en aumento.
No solo influyeron en la evolución de la legislación penitenciaria nacional y fueron aplicadas por los tribunales de diversos países, sino que también tuvieron gran influencia en lo concerniente a ayudar a las Naciones Unidas y otros organismos internacionales encargados de interpretar algunos tratados internacionales vinculantes y velar por su aplicación, en particular aquellos que prohíben la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Si bien las Reglas en su conjunto no son jurídicamente vinculantes, algunas de sus disposiciones han adquirido el rango de normas de derecho internacional consuetudinario . De hecho, las normas vinculadas directamente a la prohibición de la tortura son consideradas ius cogens. Esta tendencia evolutiva ha continuado. Desde 2015, año en que la Asamblea General aprobó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), estas han sido aplicadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos a las solicitudes de particulares que denuncian la infracción de disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.”
Autor: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNDODC)