Manifestación en defensa de los servicios públicos, Educación, Sanidad y Turno de oficio

Estimados/as compañeros/as,
Venimos a desearos una feliz reincorporación tras unas vacaciones que deberían haber sido reparadoras.Iniciamos el trabajo convocándoos a la Manifestación en defensa de los servicios públicos, Educación, Sanidad y Turno de oficio. Es por ello que ALA se suma a difundir y participar en la Manifestación que se va a celebrar el domingo, día 18 de septiembre, a las 19 horas de Cibeles a Sol.
Como ALA estaremos con la pancarta en defensa del Turno de Oficio Digno a las 18:45 horas en el quisco que hay entre el Palacios de Correos y Comunicaciones y el Banco de España. Os adjuntamos debajo, el texto que se leerá en la manifestación en relación con el tema del Turno de Oficio, y os animamos a participar.
Un saludo afectuoso,
LA JUNTA.
El Turno de Oficio y la Justicia Gratuita atraviesan en la actualidad una situación crítica en la Comunidad de Madrid, debido al estrangulamiento económico y al intento privatizador del servicio que está llevando a cabo la Consejería de Justicia. Con ello, se pone en jaque unos de los pilares sobre los que descansa el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa de las personas que carecen de recursos económicos para litigar y ser defendidas en los procesos judiciales. El turno de oficio tiene como destinatario principal al sector de población que está en situación económica más vulnerable, como los extranjeros irregulares, victimas de una ley de extranjería que les niega el derecho a buscar una vida mejor en Europa, o aquellas personas que se encuentran atrapadas en la eterna correlación entre exclusión social, delincuencia y control penal.Los ciudadanos económicamente más vulnerables perderán el derecho a obtener los servicios de los y las abogadas de oficio, que actúan bajo el mandato legal de la libertad y la independencia de criterio. La gestión privada del Turno de Oficio, supeditada a la obtención de beneficios económicos, jamás podrá reemplazar la labor prestada por un servicio público, integrado por letradas y letrados que sólo se deben a la realización de un mandato constitucional: garantizar a todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad, el derecho a la tutela judicial efectiva.