II. Las claves de la dimisión.
Dos semanas después van concretándose las verdaderas causas de la dimisión de Mabel Zapata como Tesorera de la Junta del Gobierno del ICAM, ajenas a los motivos personales que decía el comunicado oficial del ICAM.
Fuentes solventes del ICAM nos informan de que las primeras discrepancias aparecieron con motivo del denominado “Informe Merlos” (en realidad un correo electrónico de la Tesorera a la Junta de Gobierno contestando a la petición del Decano relativa a si Alfonso Merlos, mediante su sociedad Trocadero Comunicación, estaba cumpliendo las condiciones pactadas en el contrato suscrito con el ICAM). El correo era muy crítico tanto con las condiciones de contratación por Alfonso Merlos de las que se habían pactado; las mismas fuentes informan que el Decano y algún directivo influyente del ICAM llegó a plantear realizar un “contrainforme” que avalara la contratación de Trocadero Comunicación a fin de evitar el cese de Alfonso Merlos que era reclamado por un amplio sector de la abogacía, llegando la Tesorera a amenazar con dimitir si eso se producía, lo que paralizó esa maniobra del Decano.
Con ese antecedente parece que el motivo último de la dimisión de la Tesorera, o, más bien, la gota que colmó el vaso, fue el incumplimiento del Procedimiento de compras y de evaluación y homologación de proveedores del ICAM por una orden de compra autorizada por Carlos Marino, Director General del ICAM, en la que se habría rebajado artificialmente el importe de un contrato a 18.000.- € para evitar ser sometida su aprobación por la Mesa de Contratación (que es la competente para la aprobación de compras desde 18.001.- €, a 50.000.- € y si son inversiones hasta 100.000.- €). La Tesorera denunció esta artificial contratación y pretendió que se reuniera la Mesa de Contratación a fin de que se siguieran las normas que la Propia Junta de Gobierno había aprobado. Fuentes del ICAM nos indican que, finalmente, parece que el contrato va a pasar por la Mesa de contratación (si no lo ha hecho ya), pero eso no impidió que, ante la irregularidad denunciada, la Tesorera dimitiera.
Es evidente que la Junta de Gobierno del ICAM debe dar una explicación más profunda de esta dimisión y de sus motivos si, como todo parece indicar, se intentó una vulneración de la normativa interna del ICAM sobre contratación que la propia Junta de Gobierno aprobó y explicar cuál era el contrato y su objeto cuyo control pretendió evadirse.