Luz verde a la inclusión de los abogados en la sanidad pública

En la última sesión plenaria antes del final de la legislatura, el Congreso ha aprobado la Ley General de Salud Pública, con la votación de seis enmiendas incorporadas en el Senado. Una de las principales novedades incorporadas por el Senado son las dos enmiendas que afectan a la Disposición Adicional 6.ª, que garantiza la universalización en la gratuidad de la asistencia pública a todos los españoles, con inclusión expresa de los desempleados, beneficiarios de regímenes especiales y de las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia: la primera, que salió adelante con 341 votos a favor y dos abstenciones, especifica que la citada extensión será efectiva para las personas que hubieran agotado la prestación o subsidio a partir del 1 de enero de 2012 (en el caso de colectivos afectados se realizará atendiendo a la evolución de las cuentas públicas); en cuanto a la segunda, ordena que el Gobierno determine, en el plazo de seis meses, las condiciones de la extensión de derecho para las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia. Tal como se avanzaba en un reportaje publicado en IURIS sobre la tramitación de la iniciativa, con esta medida la abogacía ve así cumplida una de sus reivindicaciones históricas: la de la cobertura del sistema público sanitario, al que tradicionalmente no ha tenido acceso por la mayoritaria adscripción de los profesionales a mutualidades privadas, pues el colectivo se había quedado descolgado de esta prestación a pesar de que en la actualidad la sanidad se financia con impuestos y no con cotizaciones sociales.