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Los valencianos pagarán entre 50 y 95 euros por acudir a la Justicia

JULIA RUIZ VALENCIA
El Consell dio trámite ayer a la anunciada subida de impuestos y creación de nuevas tasas con las que pretende ingresar 156 millones de euros y cumplir con el plan de reequilibrio de la Comunitat Valenciana. Parte del ahorro saldrá del bolsillo de los valencianos quienes, a partir de ahora, tendrán que pagar por realizar determinados trámites con la Justicia. En concreto, tal como avanzó en su día este diario el Consell abre la puerta al copago en la Justicia con la implantación de tasas que oscilarán entre los 50 y los 90 euros. Así, por ejemplo, en el ámbito contencioso apelar una sentencia costará 95 euros; mientras que para iniciar un procedimiento ordinario en el ámbito civil habrá que pagar 50 euros.
El titular de Hacienda, José Manuel Vela, indicó que con estas tasas se prevé ingresar entre 8 y 10 millones al año y el dinero que se recaude será finalista, es decir, se invertirá para modernizar las infraestructuras judiciales. La filosofía, según la Generalitat, es que “quien recurra de forma más frecuente a la justicia y genere, por tanto, una mayor utilización de los recursos contribuirá en mayor medida a su sostenimiento”.
Hasta ahora sólo las empresas con unos ingresos superiores a 10 millones de euros estaban obligadas a pagar por presentar recursos o iniciar procedimientos civiles o contenciosos. Los presupuestos generales del Estado ampliaron la cuantía de esta tasa y los sujetos expuestos a la misma. Cataluña fue la primera comunidad que introdujo sus propias tasas; un camino que ahora sigue la Comunitat Valenciana, aunque con cuantías inferiores.
El Consell aprobó también el anteproyecto de ley de impuestos medioambientales que supone la creación de dos nuevos impuestos mediante los cuales se gravará a las empresas contaminantes o aquellas dedicadas a la eliminación de residuos en vertederos. En total, con ambos impuestos se prevé una recaudación aproximadas de 31 millones de euros. Las empresas hidroeléctricas o las centrales nucleares serán las principales afectadas. Al igual que con las tasas judiciales, Vela explicó que los recursos obtenidos se invertirán en proyectos medioambientales. El conseller de Hacienda aclaró que el coste del tributo sobre residuos no se trasladará a las tasas de recogida y tratamiento de basuras urbanas que pagan directamente los ciudadanos.
El Consell facilitó un relación de tarifas que varían en función de la peligrosidad de los residuos o el nivel de contaminación. Se exceptúan del pago, las denominadas actividades “limpias”, tales como la producción de energía eléctrica a partir de energía eólica; la producción de energía eléctrica para autoconsumo o el almacenamiento de residuos radiactivos para actividades médicas o científicas. Vela defendió el principio de que “quien contamina paga” e incidió que tributos de esta naturaleza están en marcha en comunidades vecinas.

Patrimonio, en 2012
La ley de impuestos medioambientales -el anteproyecto ha sido remitido al Consell Jurídic Consultiu- recoge una disposición final para introducir el también anunciado impuesto de Patrimonio. El Consell de Fabra había decidido ampliar la bonificación autonómica al 100%, a pesar de que el gobierno de Rajoy lo había recuperado. Sin embargo, la debilidad de las arcas autonómicas ha obligado al Ejecutivo a rectificar su política sobre las grandes fortunas. Se aplicará al patrimonio de 2012 y se empezará a recaudar en la campaña de 2013. Se espera ingresar 70,66 millones. “No sé si fue o no un error no haberlo hecho antes, pero rectificar es acertar y es de sabios”, se justificó Vela.

El Centro Reina Sofia echa el cierre
El Consell autorizó ayer la extinción de la Fundación de la Comunitat Valenciana para el Estudio de la Violencia Reina Sofía. Con ello, se procederá a concluir los trámites necesarios que la ley exige para su extinción, en el marco del proceso de reestructuración del sector público, empresarial y fundacional de la Generalitat. De este modo, se culmina un nuevo proceso administrativo conducente a la extinción definitiva de la entidad a través de los cauces legales establecidos. Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al pleno del vicepresidente de la Generalitat y conseller de Presidencia, José Císcar, quien señaló que fundación se encontraba actualmente sin funcionamiento ni actividades que justificaran su continuidad como tal. La entidad dirigida por el profesor Sanmartín estaba especializada en estudios sobre la violencia ejercida contra la infancia y la mujer. Su extinción fue decidida hace meses. j. r. valencia

Liquidan la Fundación Región Europea
La Fundación Comunitat Valenciana-Región Europea, en su día considerada pieza fundamental para abrir canales de negocio en Europa, podría acabar echando el cierre. El Consell aprobó ayer una modificación de varios artículos del Estatuto de la entidad para adaptarlos al reglamento de la nueva Corporación Pública Empresarial, de tal manera que, sólo será necesario la mayoría simple del patronato, para decidir su extinción. En la nota de prensa, la Generalitat ya avisa de que en este caso los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a una entidad pública de la Generalitat que persiga fines de interés general. j. r. valencia

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