Los juzgados cierran 2011 con más de 32.000 sentencias sin ejecutar

{DAVINIA DELGADO / CÓRDOBA
Día 15/04/2012 -}
La estadística sobre la elevada pendencia en los juzgados cordobeses se repite cada año con variaciones nimias, que no aventuran un ansiado cambio de tendencia ni siquiera a largo plazo. Y donde más se hace patente ese colapso endémico es en el número de sentencias que están a la espera de cumplirse. El pasado año se cerró con la friolera de 32.008 fallos en trámite, un 6,3 por ciento más que el ejercicio anterior, o lo que es lo mismo, 1.904 condenas sin cerrar, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Como sentencias pendientes se entienden todas las resoluciones dictadas, que ya son firmes, en las que se ha iniciado el trámite para su ejecución. No se consideran concluidas hasta que el acusado no termina de cumplir la pena impuesta, por lo que la cifra no tiene por qué ser tan negativa como a primera vista parece. No obstante, esa pendencia puede dar lugar a tragedias tan graves como el «caso Mariluz». El asesino de la niña, Santiago del Valle, era uno de los que estaba pendiente de ingresar en prisión por una sentencia dictada seis años antes.
Por jurisdicciones, los órganos civiles son los que se llevan la peor parte, con 26.768 sentencias sin ejecutar —un 83,6 por ciento del total—. En cuanto al ámbito penal, los cinco juzgados de la capital acumulan 2.230 fallos pendientes.
Este gran problema ha sido evaluado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su última memoria, a la que ha tenido acceso ABC, donde considera que haría falta —sobre todo, en el ámbito de lo Penal— «la implantación generalizada de Servicios Comunes de Ejecutorias Penales».
En cuanto a los asuntos que se van acumulando en los distintos juzgados de la provincia, la situación no es menos halagüeña y la tónica sigue siendo la misma que en periodos anteriores. A finales de 2011, un total de 34.732 causas estaban en trámite: 17.506 civiles, 11.864 penales, 3.011 contencioso-administrativas y 1.821 pertenecientes al ámbito de la jurisdicción Social.
Una de las principales razones —si no la fundamental— por las que los juzgados cordobeses se encuentran al límite es la crisis económica. Así lo pone de manifiesto el TSJA, que incluso apunta a que Córdoba precisaría de cinco órganos más para poder tramitar con plenas garantías todos los procedimientos que están relacionados con la recesión, tales como ejecuciones de hipotecas, reclamaciones de cantidad, despidos o desahucios.
Así, se necesitaría crear dos nuevos juzgados de Primera Instancia (actualmente hay ocho y el año pasado ingresaron 11.123 nuevos asuntos, un 93 por ciento más de lo aconsejado); otro órgano de lo Mercantil —en 2011 el que existe superó el módulo de entrada en un 145 por ciento, ya que registró 859—; y otros dos más de lo Social, que a lo largo del ejercicio anterior contabilizó 6.157 asuntos, rebasando en un 81 por ciento el número de causas que recomienda el CGPJ, y que se sitúa en 850 procesos por año.
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Además, el alto tribunal aconseja la creación de una plaza de magistrado más en la Audiencia Provincial, que durante el pasado ejercicio ingresó 4.220 asuntos. Según establece el CGPJ, cada togado no debería encargarse de más de 325 al año, por lo que las tres secciones de Córdoba superaron esa carga recomendada; sobre todo, la Segunda, que registró un 67 por ciento más de trabajo.
En este sentido, además de proveer de un juez más a la Audiencia, el TSJA considera que «en aras de profundizar en los principios de especialización y mejor eficacia, se propone la separación de jurisdicciones en la Audiencia para desdoblarse en una sección civil integrada por cinco magistrados y dos penales, con tres togados cada una».
En el otro lado de la balanza se encuentran los juzgados de Instrucción, que han conseguido «desatascarse» gracias a la creación del número 8, que entró en funcionamiento el pasado 30 de junio de 2011. Así, según la memoria del TSJA, estos órganos registraron 6.118 diligencias previas por órgano (el módulo de entrada está en 6.000) y 679 juicios de faltas (el CGPJ recomienda que no se superen los 700).
También cerraron el año con un resultado positivo los juzgados de Menores, que contabilizaron 368 asuntos por órgano (736 entre los dos). El máximo es de 650 por año.