Los jueces españoles subordinan su independencia a intereses políticos para ascender, según Transparencia Internacional

{Fecha: 23/01/2012}
(EUROPA PRESS) –
Los jueces españoles subordinan su “plena independencia” a “ciertos compromisos políticos” si quieren ascender a la cúpula judicial, según un informe de la organización Transparencia Internacional (TI), que destaca que la irresponsabilidad, la corrupción y la ineficiencia de los magistrados no es suficientemente sancionada.
Los resultados provisionales del Proyecto ENIS-España, recogidos por Europa Press, dibujan una judicatura que actúa “normalmente” con ética, responsabilidad y rigor, aún cuando las malas prácticas no sean castigadas como deberían.
La ONG, con sede en Berlín, señala como un punto fuerte de los integrantes de la carrera judicial su independencia –“reconocida de forma expresa” en la Constitución– aunque censura que su órgano de control está “fuertemente politizado” y que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia se nombran con una “relativa influencia política”.
“En suma, existe un cierto incentivo para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos”, advierte. Entre los puntos débiles, el estudio apunta a la falta de recursos y a la sobrecarga de trabajo de los magistrados, así como la “débil rendición de cuentas existente en la práctica, no tanto en la norma, donde existen regulaciones mejorables, pero suficientes”.
{{SORTEO PARA ELEGIR LOS VOCALES DEL CGPJ}}
Transparencia Internacional recomienda aprobar “una Ley de responsabilidad judicial”, que contemple la comparecencia anual del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las Cámaras y una regulación “más eficaz” de las responsabilidades por errores y dilaciones indebidas.
Para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, sugiere que sus vocales sean elegidos “por sorteo” entre magistrados calificados y abogados y juristas de reconocido prestigio, que afronten “una entrevista selectiva pública posterior” en el Parlamento.
En el ámbito de la Justicia, la organización también propone reforzar la independencia del Ministerio Público respecto al Gobierno. “Desde luego la Fiscalía Anticorrupción necesitaría de alguna manera reforzar la
protección de su independencia”, señala.
La organización internacional también emplaza a eliminar los privilegios
de personas que gozan de la condición de aforados, como son diputados, senadores, miembros del Gobierno central o integrantes del CGPJ, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o de la Audiencia Nacional.
“La posibilidad de conseguir un magistrado especial y protección extra
son demasiado evidentes como para permanecer impasibles frente a esta realidad”, señala en referencia a los aforados. Además, insta a crear un código ético del diputado y a actualizar la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés.
La ONG también hace referencia a instituciones como el Defensor del Pueblo, de la que destaca su independencia aunque matiza que su gestión interna es “poco transparente”.
{{
BIPARTIDISMO “OMNIPOTENTE”}}
Los resultados provisionales de Transparencia Internacional resaltan que la “omnipresencia del bipartidismo” conduce a que “todas las ideologías del espectro político” no estén representadas en los medios de comunicación.
“Estos partidos, a través de los gobiernos que controlan, son además los que otorgan las licencias o concesiones de servicios audiovisuales, y la concesión no es, en esta lógica existente, apolítica”, añade el estudio.
El hecho de que la democracia española esté “excesivamente” controlada por los dos grandes partidos, reduce y desincentiva la participación de los ciudadanos en el espacio público, según TI. El grupo también pone de relieve la “enorme” influencia de los bancos en los grupos políticos.
“Las consecuencias de todo este modelo para el NIS no son positivas. La independencia de las instituciones se halla siempre en peligro, pues la presión de los dos grandes partidos, sobre todo del que tiene el Gobierno, sobre el legislativo, el judicial (en menor medida) y sobre todos los órganos constitucionales y regulatorios es muy fuerte cuando se tocan sus intereses más preciados”, concluye.