Debate Confilegal
El debate de Confilegal ha puesto en relieve la importancia que le dan seis de los candidatos a decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la situación de indefensión en la que se encuentran los abogados frente a miembros de la Administración de Justicia y clientes, así como la responsabilidad del Colegio al respecto.
En la sección del debate dedicada a la dignidad abundaron las referencias a las faltas de respeto que sufren los letrados a manos de miembros de la Administración de la Justicia. «La libertad y dignidad están en la ley de forma semántica, pero no siempre de forma efectiva», dijo Miguel Durán, apuntando que «hace falta un decano activo y creíble para conquistarlas, con capacidad de comunicación y un equipo que lo apoye y lo guíe».
Su propuesta como candidato es mejorar la relación del ICAM con el Consejo General del Poder Judicial y toda la Administración de Justicia de manera que «se mejoren las condiciones de arriba a abajo». «Sin nosotros no hay estado de derecho, y la dignidad no es solo para abogados, sino también para ciudadanos».
La candidata Begoña Trigo reclamó que «no se cumple el derecho a la salud ni al descanso», poniendo como ejemplo un compañero suyo que estaba atravesando un proceso de quimioterapia y al que se le rechazaron las solicitudes para suspender los señalamientos que tenía pendientes.
«Todos sufrimos esto», insistió, señalando que tendría que hacerse cumplir una normativa de cortesía. «No hay una institución que levante la voz ante las faltas de respeto y retrasos», dijo
Trigo recomendó crear un organismo que vigilara que se cumplan las condiciones dignas de trabajo, así como educar a los abogados a protestar ante estas situaciones, señalando que «deben pensar que están protegidos por el Colegio».
«Debemos recuperar el respeto por la profesión», dijo Juango Ospina, que insistió en «apostar por un departamento de defensa de la abogacía con más recursos y personal para atender casos de faltas de respeto y situaciones que dificultan los procedimientos legales».
Su propuesta es reforzar los mecanismos de control dentro de los juzgados de tal manera que se disuada a los jueces para que no atenten contra la dignidad de los abogados. La propuesta principal: que la segunda cámara, enfocada en los jueces, esté encendida antes de que estos entren en las vistas de manera que detecten cualquier gesto o comentario que pueda considerarse ofensivo.
Ángeles Chinarro contradijo todas las sugerencias de crear un departamento de defensa de la abogacía, subrayando que este ya existe, pero que «es mejorable». «Tienen que intervenir la Junta y el decano, en vez de un trabajador del colegio», afirmó, resaltando la necesidad de dignificar a los abogados como operadores jurídicos «que no tienen ningún tipo de derecho».
«Sin nosotros, el sistema no funciona, pero no puedo responder a un agravio en un juicio con el cliente al lado, porque puedo perjudicarlo», reclamó Beatriz Saura. La abogada explicó que «se ha normalizado que no nos dejen ver los autos o incluso que la única manera de consultarlos sea tomarles fotos con los móviles».
En este sentido, la abogada habló de la necesidad de que el Colegio ejerciera un mayor papel en la comunicación con todos los operadores jurídicos sobre estas instancias de abuso, tanto para los profesionales que quieran denunciarlas como para ejercer acciones de la mano de otros cuerpos judiciales. «No podemos ir siempre con quejas y amenazas», dijo. «El colegio debe estar detrás de los abogados».
Eugenio Ribón puntualizó las situaciones en las que los abogados tendrían que tener garantizada la defensa de sus derechos. «Estamos entrando en una situación que es prácticamente de vasallaje», dijo, reivindicando el logro de haber «suprimido las trincheras judiciales» como miembro de la Junta de Gobierno anterior. En lo que podría ser la conclusión con la que todos los candidatos podrían convenir, el abogado destacó que «la dignidad es un valor innegociable».