Los abogados responden a Granados

{CARMEN PÉREZ-LANZAC – Madrid – 05/06/2011}
Se cumplen hoy cinco días desde que los 4.500 abogados que ejercen el turno de oficio en Madrid suspendieran en torno a la mitad de sus asistencias en protesta por una “degradación” del servicio de la que culpan a la Comunidad de Madrid, que les paga con retrasos de hasta 500 días y que no ha actualiza sus tarifas desde 2003.
Esta semana la Comunidad ha movido ficha. En realidad han sido dos. Por un lado, el jueves desbloqueó cuatro millones de euros correspondientes a los servicios prestados por los abogados del turno en 2010. Les siguen debiendo, dicen estos, 13 millones de euros. La segunda ficha la ha movido el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que hizo a EL PAÍS las siguientes declaraciones: “Desde que tenemos la competencia [del turno de oficio], hace cinco años, la progresión de la factura ha sido exponencial, ha pasado de seis millones de euros a más de 50”. Asimismo, Granados daba un tirón de orejas al Colegio de Abogados de Madrid por no hacer una suficiente “racionalización” del servicio y por pretender una actualización de las tarifas de los letrados del “30%”.
Estas declaraciones no han sentado nada bien en el Colegio de Abogados de Madrid, que para responder al consejero ha decidido exponer sus cuentas. Según sus propios datos, entre 2006 y 2010 (ambos inclusive), “las cantidades certificadas a la Comunidad de Madrid” han pasado de 36 millones de euros a 43 millones, lo que supone un incremento del 19%.
El Colegio recuerda además que mientras que entre 2006 y 2010 el incremento medio del gasto en justicia gratuita en las Comunidades Autónomas con competencia en la materia ha sido del 65%, en la Comunidad de Madrid el aumento ha sido del 44%.
En su opinión, este incremento está lejos de tener relación alguna con su gestión, sino con el impacto que en la asistencia jurídica gratuita ha tenido la combinación de factores “demográficos, normativos y económicos”. En los últimos cinco años, aseguran, el número de potenciales demandantes de este servicio ha crecido más de un 9% por el aumento del censo de población, que ha pasado de 5.821.054 habitantes a 6.369.167. Por ahí las causas demográficas.
Los factores que atañen a la normativa son varios. A los juicios rápidos -cuya asistencia se presta en un 93,3% de los casos por abogados del turno de oficio, explican- hay que sumar “dos hitos normativos” recientes: la creación en 2005 de la Ley Integral de Violencia de Género y la reforma, dos años más tarde, de la Ley de Seguridad Vial. Estas dos materias, informan, suponen un 84% de los juicios rápidos, “y tienen como origen cambios legislativos”, dicen, dolidos por la sugerencia de que el aumento del gasto se deba a su mala gestión.
Finalmente, los letrados aluden a la crisis económica, que según sus datos ha provocado un aumento del 29,2% en los asuntos que llegan a los tribunales, que han pasado de 1.133.715 en 2004 a 1.465.038 en 2009, con especial efecto en la jurisdicción social, “que incrementó la necesidad de asistencia jurídica gratuita en un 38,4% entre 2007 y 2010”, añaden.
Respecto a la actualización de tarifas, el Colegio de Abogados insiste en que no persiguen “sino la justa reivindicación de que los abogados madrileños no cobren menos que los abogados vascos o catalanes”.