A.G.p. / M.j.a. | redaCción 24/10/2012
Imagen exterior del Colegio de Abogados de León, frente al edificio de los Juzgados. ramiro
La preocupación de los abogados de la provincia ante la denominada «Tasa Gallardón» es máxima. El presidente del Colegio de Abogados de León, que aglutina a más de 1.200 letrados, advirtió ayer de que «entre el auténtico desastre de la Oficina Judicial y la Ley de Tasas nos van a mandar a todos al paro».
Una norma que pretende cobrar una tasa, o varias, a aquellos que acudan a los tribunales para defenderse en el ámbito de la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativa, en principio no se incluye la vía penal.
Ricardo Gavilanes encabezó ayer la protesta que los abogados leoneses protagonizaron ante esta medida del ministro de Justicia a través de la lectura de un comunicado, en que puso de relieve que la medida, si finalmente resulta aprobada por el Congreso y entra en vigor en enero de 2013, «atentaría contra el principio de igualdad de todos los españoles ante la Justicia y contra el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos de acudir ante los tribunales a defender sus intereses y que éstos les atiendan».
Igualmente, el manifiesto evidenció de que se trataría de una norma «manifiestamente inconstitucional, una barrera de acceso al servicio público Justicia, un peaje, un campo de minas antijusticia a las puertas de los Juzgados».
Los letrados denunciaron también que la «Tasa Gallardón» tiene una doble finalidad: recaudatoria, ya que el Gobierno pretende ingresar alrededor de 306 millones de euros, y disuasoria, con el objetivo de descargar trabajo en los juzgados.
«Convertirá la justicia, que debería ser ciega, en una para ricos y otra para pobres, una implantación de la ley más fuerte», apuntó Gavilanes en el comunicado.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de León en el Bierzo, Ángel Suárez, consideró que el proyecto de ley es «manifiestamente discriminatorio y atenta contra los principios fundamentales del Estado de Derecho como la libertad», ya que pone «auténticas barreras al acceso a la Justicia y cada vez va a ser mayor la diferencia entre ricos y pobres». Suárez negó ue el fin último del citado proyecto de ley sea garantizar la Justicia gratuita, tal y como defiende el ministro y lo hizo con cifras en la mano. Y es que de los 1.500 millones presupuestados este año para el Ministerio, 34 millones se destinan a justicia gratuita, un 2%.