Las medidas anunciadas por la consejería de Justicia para poner coto “a la falta de control” de la justicia gratuita no han gustado a los abogados madrileños. El Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid -integrado por las instituciones colegiales de Madrid y Alcalá de Henares- rechaza las acusaciones sobre este desorden y recuerda que todas sus actuaciones “están debidamente justificadas y revisadas”.
“Aunque se hable de Justicia Gratuita, se paga con el dinero de todos los ciudadanos”. Esta frase de la consejera de Justicia, Regina Plañiol, ha vuelto a encender los ánimos entre los abogados madrileños. Aunque han tardado en reaccionar -la campaña de la Comunidad para reducir el gasto en este servicio se reactivó hace varias semanas-, lo han hecho recordando su compromiso “para garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos más desfavorecidos a la defensa y a la tutela judicial efectiva”.
Este lunes, los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares han denunciado en un comunicado conjunto “las medidas que para la obstaculización, reducción o eliminación de la justicia gratuita puedan adoptarse por los poderes públicos”. Los letrados se refieren, en concreto, a las iniciativas anunciadas por la consejería después de denunciar la falta de control y los fraudes que, a su juicio, se producen en la prestación de este servicio.
Estas acusaciones, sin embargo, no han gustado nada en los colegios de abogados -responsables de prestar un servicio que después tiene que pagar la consejería de Justicia-, desde donde han recordado que todas las actuaciones del turno de oficio “están debidamente justificadas y revisadas de conformidad con la normativa vigente” desde hace diez años. Sólo en el año 2010, la Comunidad tuvo que pagar 44 millones de euros por un servicio que cada año presta servicio a cerca de 300.000 madrileños y en el que trabajan 4.700 abogados.
Pero la deuda sigue creciendo. Con ese dinero, la Comunidad se puso al corriente de pago del turno de oficio correspondiente al año 2010, pero aún no se han pagado las asistencias realizadas durante 2011. De ahí el interés de la consejería en dejar bien claro quién tiene derecho a la asistencia gratuita y quién no.
“Es el momento de plantearse si quien recibe este derecho es a quien realmente le corresponde”, subrayó Plañiol hace unas semanas tras una reunión en el ministerio de Justicia. Hasta ahora, los letrados del turno de oficio cobran ese trabajo gracias a una línea de crédito puesta en marcha por el propio Colegio de Abogados, que es el que acaba soportando la deuda. Pero esta situación también es insostenible para los Colegios.
Mano tendida a Justicia
Por eso, los letrados han recordado que el derecho de defensa -en particular cuando se trata de un caso penal en el que puede haber un detenido- “no puede quedar condicionado a los avatares de la tramitación y resultado de un expediente administrativo de justicia gratuita”. “La sociedad debe conocer el firme compromiso de los Colegios de Abogados para que ningún ciudadano que necesite ayuda jurídica vea perjudicados sus derechos por razón de su situación económica”, prosiguen los letrados.
El comunicado, pese a su contundencia, concluye con una mano tendida a la consejería de Justicia y a sus planes de reforma “para mejorar y racionalizar en lo posible la asistencia jurídica gratuita, parte esencial del sistema constitucional de la justicia”.
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MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) – Los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares han reivindicado este lunes su defensa del derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos más desfavorecidos, ha informado el Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid en un comunicado.
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Los colegios de Madrid y Alcalá de Henares se comprometen a mantener el turno de oficio pese a las medidas de la Administración «para su obstaculización»
nieves colli / madrid Día 16/05/2012
Los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares han expresado su «firme compromiso» para «garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos más desfavorecidos a la defensa» frente a las medidas que puedan adoptar los poderes públicos «para su obstaculización». El Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid señala que los profesionales seguirán asumiendo el coste de la asistencia jurídica gratuita en el caso de que la Administración la condicione al resultado del expediente que debe determinar si el ciudadano asistido reúne los requisitos económicos para utilizar este servicio.