Los abogados catalanes, los primeros en rebelarse contra Gallardón

{Por C.FarrésCerrar
02/02/2012}
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha tenido un recibimiento frío este jueves en Barcelona. Junto al Rey Juan Carlos, el político ha celebrado el décimo aniversario de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa (FEB) en el Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). Y en su discurso ha pedido el apoyo de los letrados para impulsar las medidas necesarias en su ministerio. Pero la abogacía española está molesta con Gallardón, y no disimula su malestar.
La propuesta de incorporar a los notarios en la disolución de matrimonios ha sentado como un jarro de agua fría en la profesión. La misma tarde del miércoles, poco después de que el político anunciara su intención de dar nuevos poderes a los notarios españoles, la comisión de familia del ICAB convocó un encuentro de urgencia para reivindicar sus derechos.
“Estamos a favor de cualquier medida que aligere la justicia y no nos opondremos a que los notarios puedan ratificar un divorcio de mutuo acuerdo. Pero con dos excepciones: que nunca estén en juego los intereses de un menor y que las partes siempre estén asesoradas por un abogado”, afirma en declaraciones a Economía Digital el secretario de la junta de gobierno del ICAB, Luia Antonio Sales.
Según el letrado, el papel del notario en estos casos se debería limitar “a dar fe y ratificar el acuerdo de divorcio”. También es realista en este sentido y reconoce que “los procesos de mutuo acuerdo abundan la carga de trabajo de los juzgados, pero son los contenciosos los que encallan”. Mandarán en los próximos días la propuesta a Madrid, ya que este jueves “no era el día para hacerle ningún comentario al ministro”. Eso sí, Gallardón no se ha librado de los comentarios en voz baja, según los asistentes en el acto.
{{Derecho de defensa}}
Sales afirma que cualquier otra atribución que de a los notarios en el proyecto de ley en este sentido “será un ataque a uno de los principios del sistema jurídico, el derecho de defensa”. El Consejo General de la Abogacía se también se ha pronunciado en este sentido. Este mismo jueves ha reivindicado el papel de los letrados como asesores de las partes en el caso de una separación o divorcio.
El portavoz del ICAB también ha comentado que, si la norma se plasma como proponen, “las partes tendrán dos facturas menos: las tasas judiciales y los procuradores”. Reconoce que no debería existir ninguna tasa en un proceso de separación o divorcio, “en principio no afectan a los casos de familia, pero las hay por la voracidad de la administración”.