Madrid. / Efe
La Comisión Legal Sol, sostén jurídico de los movimientos indignados, ha presentado esta semana una queja ante el Colegio de Abogados de Madrid por la criminalización y abusos policales que detenidos y abogados de manifestantes están sufriendo “por parte de quienes deberían garantizar su pleno desarrollo [de las libertades fundamentales], y lo hace en un contexto en el que es precisamente el gobierno el que da muestras constantes de prácticas criminales y destila una genealogía de corrupción y podredumbre que pretende tapar cualquier respuesta con represión, chulería e hipocresía, asistido por fieles servidores en ciertas instancias del Estado”. La queja se fundamenta en los presuntos abusos policiales sufridos por los manifestantes del 23-F contra el rescate de la banca, los desahucios, la corrupción, el demantelamiento de la sanidad y la educación públicas, el recorte de pensiones y el de los sueldos de los funcionarios…
Con este paso, los abogados de Legal Sol pretenden, según declararon anoche a este periódico en conversación telefónica, obligar al colegio a tomar una postura: “En principio pensábamos solo hacer una queja pública a través de un manifiesto. Pero no. Hay que hacer ya algo excepcional. No es lo mismo que yo, como abogado, haya sufrido un abuso y lo denuncie, a que mi colegio de abogados le diga al Ministerio de Interior y a la Delegación del Gobierno que cometen abusos sistemáticos”.
Porque ya no se trata, como se quiere hacer creer desde las versiones oficiales, de que policías y jueces se porten mejor o peor con perroflautas o violentos, que es a lo que esta oficialidad pretende reducir los movimientos sociales y ciudadanos. Se presiona nada sutilmente a los abogados, cuando cualquier persona tiene derecho a la asistencia letrada. Legal Sol denuncia: “El trato que recibieron los letrados y letradas que fueron a asistir a los detenidos en comisaría, quienes se vieron obligados a permanecer varias horas a la intemperie a bajas temperaturas (cuando existen instalaciones habilitadas en el interior para su permanencia); el trato recibido por las familias (habitual, pero no por ello menos denunciable), a las que no se les explicó en ningún momento dónde ni cómo se encontraban sus hijos, y que tuvieron que aguantar, como nosotras, cómo los agentes de la garita les hacían gestos soeces y cómo los antidisturbios les insultaban cuando entraban las furgonas en Moratalaz; así como el trato recibido por los detenidos, que presentan, en la mayoría de los casos, lesiones muy considerables que ninguna “mínima fuerza imprescindible” puede justificar, y que fueron defendidas por algunos agentes cuando la entrada de numerosos SAMUR alarmó a los familiares (recordamos que llegó a haber 8 detenidos hospitalizados). Nos preocupa, además, que aparezcan mochilas sin propietario conocido, pero que legitiman el escenario de dureza que hemos vivido”.
Policías infiltrados detienen a una manifestante durante el 23F en Madrid. / Efe
También pone de manifiesto el comunicado de Legal Sol la precriminalización de los movimientos sociales, para ahuyentar a la ciudadanía de las movilizaciones y justificar de antemano las medidas represoras: “La delegada [del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes] se permitió señalar que la mera existencia de un equipo jurídico para defender a los manifestantes de las agresiones de la policía -que ha existido en todas y cada una de las movilizaciones desde el 15 de mayo del año pasado, hasta el día de hoy- presuponía por nuestra parte un previo conocimiento de la previsible comisión de hechos delictivos. Lamentamos tener que reconocerle a la delegada que presumíamos, efectivamente, la comisión de graves delitos, que finalmente se produjeron: detenciones ilegales, tratos degradantes y lesiones a los detenidos, así como un nuevo incumplimiento de la instrucción 13/2007 que obliga a sus agentes a ir debidamente identificados, haciéndoles impunes, como siempre, frente a las denuncias que por tales hechos pudieran presentarse”.
Ítem más: “Observamos igualmente con preocupación los hechos a los que asistimos el día 23 y siguientes, que se concretan en políticas represivas selectivas y de extrema dureza:-La existencia de cargas indiscriminadas que tenían por objeto “escarmentar” a familias con hijos, pensadas para desincentivar la participación familiar en tales eventos.
- Cargas que se desencadenan por iniciativa de la propia policía, que desenfunda todo su material antidisturbios (cascos, escudos y cañones de pelotas de goma) y se distribuye en la plaza de Neptuno, comenzando a desalojarla, a las ocho en punto de la tarde.
- Emboscadas a ciudadanos (hubieran participado o no en la manifestación), que fueron encerrados en las calles y detenidos en bloque (recordamos que cerca de la mitad de las personas detenidas lo fueron en una sola calle).
- Un alto número de policías infiltrados entre los manifestantes, que practicaron detenciones con una violencia desproporcionada (a un detenido llegaron a romperle una botella en la cabeza para reducirle).
- Maniobras oscuras, como el hallazgo por parte de la policía de una mochila con cócteles molotov de propietario (aún) desconocido, en las proximidades de la manifestación, para criminalizar la protesta.
- Y un número muy considerable de personas detenidas -cuarenta y cinco- la gran mayoría de ellas muy jóvenes y de las cuales un 20% eran menores de edad”.
Todas esas detenciones se produjeron aquel 23F de madrugada, varias horas después de que las distintas Mareas Ciudadanas convocantes declararan finalizada la manifestación. Hasta ese momento, no se había producido el menor incidente a pesar de que, solo en Madrid, se concentraron no menos de 100.000 personas -y eso siendo muy prudentes- en la protesta.
Crónica de los disturbios que se produjeron el 23F. / Vídeo: Juan Robles González