La nueva Ley del Aborto verá la luz en otoño

{5 Marzo 12 – Madrid – A. G. Mateache}
«Lo que los ciudadanos esperan no es lo que representemos o digamos, sino lo que hagamos». El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, incidió así durante su comparecencia ayer en la Comisión de Justicia del Senado en la necesidad de agilizar su batería de reformas para favorecer la competitividad de España en el ámbito jurídico.
Tanto el borrador de la Ley de Prisión Permanente Revisable como el de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor estarán preparados en junio, así como el nuevo Estatuto de la Víctima. Se presentará una serie de medidas para evitar los casos de multirreincidencia y una nueva regulación de las faltas, para «corregir la creciente sensación de impunidad de determinadas infracciones que transmite la actual legislación», informó el ministro.
Por otro lado, este otoño también verá la luz la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la que «se recupera la necesidad» de que las menores cuenten con el apoyo paterno para abortar. «Hay que ceñirse a la doctrina del TC, extendiendo el amparo a ambos derechos sin dejar ninguno desprotegido (la madre o el niño), como sucede en la actual ley», afirmó Gallardón. Por las mismas fechas se presentará el texto del nuevo Código Mercantil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. La reforma del Código Penal comprenderá la pena de prisión permanente revisable. El titular de Justicia sustentó la medida en que «crea un mecanismo de seguridad», ya que la rehabilitación del reo «tras un límite mínimo ineludible», dependerá de un test de reinserción.
Terminar con la politización de la Justicia es el objetivo de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, para que 12 de sus 20 miembros sean elegidos por jueces y magistrados. Y, teniendo en cuenta que el orden penal acumula el 70% de la litigiosidad en los juzgados, según afirma el ministro, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluirá asuntos que «definan el proceso penal en el siglo XXI».
Asimismo, Gallardón aclaró que, respecto a las Justicia gratuita, serán serán las tasas judiciales –abonadas por los ciudadanos con recursos económicos– las que financien el acceso a la Justicia de quienes no puedan costearla.