La juez de guardia de Madrid que el jueves por la noche dejó en libertad con cargos a 34 de los detenidos el pasado martes en los incidentes del 25-S aprecia en su auto de puesta en libertad la posible comisión de un delito contra las instituciones del Estado, en contra del criterio expresado horas antes por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.
Pedraz, tras la lectura de los atestados policiales, decidió que, a diferencia de lo anticipado por el Ministerio del Interior, los cargos contra los detenidos no eran materia competencial de la Audiencia Nacional. Esta decisión del juez, luego contradicha por su colega del Juzgado de instrucción número 8 de Madrid, llevó a los dos principales sindicatos policiales (SUP y CEP) a arremeter contra el Gobierno, al que acusaron de determinar primero el delito y buscar después las pruebas.
Fuentes jurídicas explicaron que en el auto de puesta de libertad, la titular del Juzgado de instrucción número 8 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos, ve en los hechos ocurridos el martes en la protesta «Rodea el Congreso» la posible comisión de delitos de «atentado, resistencia y delito contra las instituciones del Estado».
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) informó el jueves por la noche que los 34 detenidos que habían quedado en libertad se enfrentaban únicamente a la imputación de la posible comisión de atentado y desórdenes públicos, «según el caso». Además, según un comunicado del TSJM, la magistrada acordó la prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros, que se hizo efectiva ayer, de otro detenido sobre el que recae la imputación de una supuesta comisión de dos delitos de atentados y de desórdenes públicos.
La Fiscalía de Madrid, tras conocer el auto del juez, respaldó sus apreciaciones, indicando que ve más que probable que alguno de los detenidos por los incidentes acaecidos en los alrededores del Congreso haya incurrido en delito contra las instituciones del Estado, por lo que apoya la tesis de que la causa sea asumida por la Audiencia Nacional.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, reforzó las tesis del Ejecutivo de Rajoy y afirmó que «no le gusta», aunque la «comparte» y «acata», la decisión del juez Pedraz de declarar que la Audiencia Nacional no es competente.
Por otra parte, la juez justifica en su auto la polémica actuación de los antidisturbios en la estación de Atocha, donde, afirma, un grupo de manifestantes ocasionó destrozos en el mobiliario y detuvo el tráfico ferroviario, lo que desencadenó la actuación de los agentes, denunciada por testigos como «indiscriminada» y «muy violenta».