La falta de pruebas desinfla el caso de los «niños robados»

Fecha: 03/10/2011
(Reuters) – Hace casi un año, salieron a la luz en España dramáticos testimonios de madres convencidas de que les habían robado a sus bebés nada más nacer y de presuntos “niños robados” que buscaban a su familia biológica. Meses después de denunciar ante la justicia una en apariencia extendida trama de tráfico de recién nacidos, la falta de pruebas por el paso del tiempo amenaza con dar carpetazo a la mayoría de los casos.
La Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (ANADIR), que tiene más de 1.800 socios, ha presentado desde enero alrededor de 900 denuncias en toda España por delitos como tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto, secuestro y detención ilegal, pero asegura que se están archivando los casos por decenas y no están recibiendo ningún apoyo de las autoridades.
“La verdad es que las fiscalías están archivando los casos masivamente, en algunos casos sin llamar a los testigos a declarar y a implicados”, dijo a Reuters el presidente de ANADIR, Antonio Barroso, él mismo un supuesto niño robado que asegura que fue vendido a sus padres en Zaragoza por 150.000 pesetas (unos 900 euros) en el año 1969, “más de lo que valía un piso entonces”.
Según la asociación, el robo de niños se inició en los años 40 con las presas republicanas, como un acto de depuración política en plena posguerra, pero fue a partir de los años 50 cuando se convirtió en una actividad con fines económicos desarrollada por pequeñas “mafias” amparadas por una ley de adopción con muchas lagunas. Son estos últimos casos los que están denunciados por ANADIR.
Las tramas, en las que supuestamente participaban médicos, enfermeras, matronas, monjas y diversos intermediarios, se pudieron prolongar incluso hasta principios de los años 90, poco después de que en 1987 cambiase finalmente esa ley de adopción, que favorecía el poder de los centros de maternidad para amañar la adopción o venta de bebés.
{{BANCO DE ADN}}
Al margen de la vía judicial, con la que pretenden encontrar y castigar a los culpables, ANADIR está recorriendo las principales provincias españolas informando a los afectados y recogiendo pruebas de ADN para comparar su perfil genético y tratar así de ayudar a que se produzcan reencuentros entre madres e hijos.
“Tenemos un banco de ADN con la empresa Genómica y ahí dejan las muestras las madres y los hijos y (…) se hacen cruces para ver si hay coincidencias, (y hasta ahora ha habido) cinco coincidencias”, dijo Barroso, que explicó que esos cinco casos, que no querían tener contacto con la prensa, se habían dado de entre unas 900 personas que hasta principios de septiembre habían dejado sus muestras de ADN.
“Hay bastantes más madres que hijos. Lo que pasa es que hay muchos hijos que no saben que son adoptados. Constan como biológicos”, explicó, subrayando la dificultad de que se produzcan más casos de reencuentros por esta circunstancia.
Barroso asegura que el ‘modus operandi’ más repetido era que se le decía a la madre que su bebé había muerto y después ese mismo niño era vendido a otra familia.
“El prototipo de casos son madres que iban a dar a luz al hospital y las engañaban. Les decían que su hijo había muerto, no les enseñaban el cadáver en la mayoría de los casos (…) y este niño lo vendían en muchos casos como hijos biológicos”, declaró.
Ese es el caso de María Hipólito Romero, madre de dos niñas gemelas nacidas en la clínica O”Donnell de Madrid en el año 1969 y que no dio nunca por válido el fallecimiento de ambas.
“Estuve hablando con una monja y me dijo que una niña había fallecido. Quisimos verla y la negativa fue rotunda (…) nos dijo que éramos muy jóvenes, que no la podía ver porque iba a ser un trauma para mí (…) La segunda se muere una semana más tarde e hicieron la misma operación, las mismas palabras, lo mismo todo. Ni las vimos, porque no nos las enseñaron, ni las pudimos enterrar (…) ellos se hacían cargo de todo, de todo”, dijo a Reuters.
“(Pido) a los padres que las hayan adoptado, tanto a las mías como a otros, por favor, que les digan la verdad, que no nos dejen vivir, ni morir con esta pena que llevamos”, añadió.
Aunque han surgido casos por toda España, Barroso dijo que hay hospitales y médicos que se repiten en muchas denuncias, como la Clínica San Ramón en Madrid, el Hospital Miguel Servet en Zaragoza, o el del Vall d’Hebrón de Barcelona.
Ya a principios de los 80, un reportaje de la revista Interviú denunciaba que en la clínica madrileña de San Ramón se vendían niños para adopciones irregulares, y el fotógrafo de la publicación Germán Gallego captó la imagen de un bebé congelado que era el que supuestamente enseñaban a las madres para demostrarles que su niño había muerto. Tras el reportaje y una denuncia, se cerró el centro, pero ninguno de los responsables de la clínica resultó imputado.
{{ARCHIVADOS POR FALTA DE PRUEBAS}}
El fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban, aseguró a Reuters que todas las denuncias se estaban investigado de forma individualizada, citando a declarar como primera premisa al propio denunciante, luego a las personas que consideraban necesarias y sobre todo se estaba pidiendo información documental, tanto a los registros de la Comunidad de Madrid como al Registro Civil, como a los hospitales donde se habría producido la sustracción. Sin embargo, hasta ahora no han procedido a judicializar ningún asunto.
“(De las alrededor de 200 denuncias presentadas en Madrid) hemos dictado 42-45 decretos de archivo, no porque no hayan ocurrido los hechos, sino porque no tenemos pruebas suficientes para poder considerar que han existido los hechos”, dijo Esteban.
“Algunos simplemente nos dicen ‘mire es que mi madre tuvo un hijo y murió y yo creo que pudo ser robado’, pero no hay nada que lo apoye, simplemente su sospecha. Entonces claro, podemos decir, sí, hay muchas denuncias de niños robados, pero con sustrato probatorio muy pocas (…) Tenemos que tener pruebas para poder seguir para adelante”.
Los afectados hablan de la dificultad de dar con documentos y testimonios en hospitales, cementerios y registros de hechos sucedidos hace 30, 40 o 50 años, y se quejan también de la falta de ayuda de las administraciones, pese a que el Congreso de los Diputados llegó a aprobar en febrero una iniciativa para facilitar la investigación de estos casos.
Barroso dijo que el Gobierno les había “vendido aire” en el tema de las ayudas, ya que no estaban abiertas todas las oficinas de atención a las víctimas en las audiencias provinciales, como les había prometido el Ministerio de Justicia, ni se costeaban los gastos de ADN para un banco de muestras si los casos no estaban judicializados.
Ángel Núñez, asesor del ministro de Justicia para estos temas, reconoció que quedaban “muchas cosas por hacer” y que se estaba trabajando en las reclamaciones de los afectados, pero recordó que la fiscalía y el poder judicial actuaban con absoluta independencia y las competencias del ministerio se limitaban a tratar de poner a su disposición los medios para que se lleven a buen puerto las investigaciones.
“Ellos en un primer momento pretendían, con la mejor voluntad del mundo lógicamente, acudir a los juzgados ya con la investigación hecha (…) y yo les hacía ver que determinados documentos están amparados por la protección de datos porque pueden afectar a derechos fundamentales y que quien puede conseguir esos documentos son precisamente los juzgados y tribunales o el ministerio fiscal”, dijo Núñez a Reuters.
“No se me oculta que evidentemente estamos hablando de hechos sucedidos hace mucho tiempo, en muchos casos las investigaciones van a ser arduas y difíciles y habrá algunos casos que no resulte posible un total esclarecimiento”, añadió.
De momento, ANADIR ha convocado una manifestación ante la fiscalía general del Estado el próximo 27 de enero, cuando se cumpla un año de la presentación de cientos de denuncias conjuntas, para protestar por el archivo de los casos.