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La Defensora del Pueblo solicita incluir el despilfarro público en el Código Penal

La Defensora del Pueblo, M.ª Luisa Cava de Llano, ha recomendado al Ministerio de Justicia que estudie la posibilidad de reformar el Código Penal a fin de que se refuerce la respuesta del ordenamiento jurídico ante el uso irresponsable del dinero público por parte de autoridades y funcionarios. La Defensora asegura en un comunicado que este es un asunto que escandaliza “profundamente, y con razón”, a los ciudadanos, y se pregunta si “nuestras leyes son adecuadas para expresar en términos jurídicos el reproche social” de unas conductas que “son una de las causas determinantes de la gravísima crisis económica que padecemos”. Según Cava de Llano, la tipificación como delito del despilfarro público contribuiría a evitar que se malgaste el “dinero de todos obtenido por las Administraciones públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de personas”. En su escrito al Ministerio de Justicia, la Defensora advierte que el Derecho penal debe ser reservado a conductas merecedoras del máximo reproche social, por lo que pide que “se refuercen los controles y las sanciones de orden administrativo en este ámbito”. No obstante, demanda también que las “conductas particularmente graves tengan una específica respuesta penal”. Además, y tal como ha transmitido al Ministerio de Justicia, esta petición se justifica también en el convencimiento de que el rigor en el tratamiento del uso de los fondos públicos “debe ser superior al del tratamiento del uso de los fondos privados por particulares”. En opinión de Cava de Llano, la consecuencia jurídica más importante de estos comportamientos debería ser la inhabilitación para cargo o función pública.

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