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La Comunidad realizará un estudio de las cargas de trabajo en Justicia

{MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -}
El Gobierno regional realizará un estudio sobre la planta judicial madrileña para estudiar la carga de trabajo, la redistribución del personal y en el que cabría la opción de reducir el número de interinos “en los casos en los que sea posible” dado que la media actual es del 22 por ciento del total de los empleados públicos de Justicia, todo con el objetivo de hacer “más efectivo” al personal.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, quien ha precisado que el Consejo de Gobierno ha conocido este jueves el informe encargado por la presidenta, Esperanza Aguirre, sobre el estado de la Justicia en la región y que se compone de 80 medidas.
Este documento, que ha sido consensuado con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la Fiscalía, el Juez decano, la Audiencia Provincial y los Secretario judiciales, busca “hacer una gestión más eficaz y eficiente” de la Justicia.
De este modo, se estudiará tanto la situación de los jueces, como fiscales, secretarios judiciales y el propio personal de la Administración de Justicia, sobre el cual se plantean el mayor número de propuestas al ser competencia propia de la Comunidad de Madrid.
Además, mientras en el número de magistrados, fiscales o secretarios judiciales, la región siempre se encuentra por debajo de la media nacional, en el ámbito de los funcionarios es la Comunidad con una de las ratios más altas de Europa y la mejor de España, con casi 10 funcionarios por juez.
Además de este estudio, la Consejería de Justicia está implantando el control del tiempo de trabajo y prevé concentrar los permisos por vacaciones en los períodos inhábiles. Asimismo, se ha solicitado al Estado que a la hora de convocar las plazas de empleados públicos se permita la movilidad de destino para sedes o unidades más genéricas y se formará de forma adecuada al personal que se incorpore por nuevo ingreso, traslado o cambio de jurisdicción.
{{FACTURA JUDICIAL INFORMATIVA}}
El Ejecutivo autonómico también apuesta en este informe por implantar la factura judicial informativa, es decir, que las personas que usan este servicio conozcan el coste del mismo aunque no lo paguen, así como la existencia de juicios rápidos en el ámbito civil. A ello se suman iniciativas que permitan reducir la litigiosidad.
También apoya las reformas legislativas planteadas por el Ministerio de Justicia, las tasas judiciales o la despenalización de faltas.
González, que ha anunciado que el Gobierno regional espera que la Administración de Justicia electrónica estará disponible para 2015, ha apuntado que otras de las iniciativas que buscan sacar adelante es el impulso de impulsar modelos de resolución extrajudicial de conflictos como el arbitraje, la mediación y la intervención notarial en expedientes de mutuo acuerdo en materia civil o mercantil.
“También se promoverá la reforma de la justicia gratuita para aquellos casos en los que realmente se den todos los requisitos que sean exigidos por la ley para eliminar el posible fraude o la utilización cuando ya no se dan las circunstancias originarias de la misma”, ha subrayado el vicepresidente.
{{REVISIÓN DE PARTIDOS JUDICIALES}}
Otras de las medidas que plantea este informe es la revisión sobre los partidos judiciales para realizar una división del territorio en partidos más amplios que se complementarían con Juzgados Base. También se quiere facilitar la jurisdicción entre civil y penal, replantearse el papel de los juzgados de paz, realizar una programación bianual de las necesidades de la planta y una modificación de los juzgados de guardia.
El fin de todas estas medidas es reducir la litigiosidad ya que, según los datos de los que dispone, la Comunidad de Madrid es una de las regiones que cuenta con una de las ratios de litigiosidad más alta: 216 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 191 de media nacional.
La Comunidad de Madrid también busca implantar medidas para evitar el uso fraudulento de la Justicia gratuita y sigue trabajando en la concentración de sedes judiciales, que se ubicarían en Plaza de Castilla y en el eje Princesa-Gran Vía.

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