La Comunidad, la región que menos ha aumentado su gasto en justicia gratuita desde el año 2005

{MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -}
La Comunidad de Madrid es la región que menos ha aumentado el presupuesto destinado a la Justicia Jurídica Gratuita desde el año 2005, un 44 por ciento, situándose 15 puntos por debajo de la media nacional, según ha informado el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Esta entidad ha presentado este jueves dos documentos sobre la situación del Turno de Oficio en la región: la memoria sobre la actividad en este sector durante el primer semestre de año y la evolución de las certificaciones en la justicia gratuita desde 2004.
El Colegio, que interpreta una situación de “normalidad dentro de la anormalidad” existente en el Turno de Oficio, ha explicado que continúa la senda de descenso de la asistencia jurídica gratuita, tanto en el número de solicitudes, designaciones o expedientes, con una caída media de las designaciones del 12,7 por ciento.
Si bien se ha señalado un “repunte” en los casos de Derecho Civil (un 2 por ciento), pasado el primer semestre de año se aprecia un generalizado descenso de la asistencia de este servicio en la Comunidad de Madrid, acentuado en mayor parte en los casos de lo Contencioso Administrativo (-42,7 por ciento).
La caída en los casos de Derecho Penal es del 6,7 por ciento, del 5,8 por ciento en el Social y del 4,2 por ciento en los casos de Violencia de Género.
El descenso de la actividad en la justicia gratuita, según ha aseverado el decano del Colegio, Antonio Hernández, es mayor en Madrid que en ninguna otra Comunidad, siendo además su índice de litigiosidad el segundo más alto de todas las administraciones autonómicas.
El incremento de la justicia gratuita en los últimos años, el más bajo en todo el territorio nacional, se explica desde el Colegio de Abogados por tres razones. Por un lado el crecimiento demográfico, que desde 2004 ha supuesto un 11 por ciento más de población.
{{LITIGIOSIDAD}}
Por otro lado, la tasa de litigiosidad en la región ha experimentado un crecimiento en este período de más del 34 por ciento. Además, el Colegio ha señalado la influencia que ha tenido en el Turno de Oficio los cambios normativos respecto a la penalización de las infracciones administrativas de seguridad vial –“ha pasado a justicia gratuita sin ninguna corrección”, se han lamentado– y el impacto que ha tenido la nueva legilación en materia de violencia de género, cuyos casos ocupan el 8 por ciento.
A todo ello se suma la situación del Turno de Oficio, al que se le adeuda desde la Comunidad de Madrid unos 20,9 millones de euros, según ha informado el Colegio, y que vive una situación de “sistemática y absoluta irregularidad”, según ha denunciado Hernández.
“Hemos entrado en el año 2011 con el presupuesto consumido, sin nada de presupuesto para nada de este año. No hay un solo euro”, ha dicho Hernández, que atribuye esta situación “estructural y no circunstancial” a una “mala política presupuestaria”.
Anualmente, el montante presupuestado por la Comunidad de Madrid para el servicio de justicia gratuita es inferior a la certificación del Consejo Autonómico. Así, mientras que durante 2008, 2009 y 2010 se han presupuestado 31 millones de euros para cada ejercicio, el gasto real ha sido de 45, 47 y 43 millones de euros.
“Esto es una manera irreal de presupuestar”, ha dicho Hernández, que ha subrayado que este “desfase acumulado” ha generado una “situación de zozobra e incertidumbre” en el servicio, por lo que espera desde la Comunidad “un golpe de timón”.
Durante la comparecencia, el gerente del Colegio, Javier Rivera, ha informado de los efectos que están teniendo en la huelga de abogados del Turno de Oficio sobre la asistencia jurídica gratuita. Así, según ha asegurado, el servicio para aquellas personas que se encuentren detenidas se está desarrollando con “plena normalidad”.
Sin embargo, en las diligencias en las que no, la supresión del servicio alcanza el 90 por ciento, según los datos que maneja el Colegio, que ha detallado que se decide en función de las materias. Así, según Rivera, hay “normalidad” en los casos de familia, en los juzgados de lo social y en los “casos urgentes” de lo contencioso-administrativo. Una manera de actuar “muy selectiva”, según han reconocido, “ponderando cada situación casi singularmente”.