Justicia recibirá 18 millones gracias a la tasa de Gallardón

{15 Abril 12 – – R. Miralles
VALENCIA}-
La necesidad de reducir el déficit público ha obligado a los dirigentes políticos a buscar nuevas fórmulas que permitan sanear las cuentas de las administraciones. En este sentido, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que su Departamento implantará una tasa para los recursos de segunda instancia, es decir, cuando el ciudadano solicite un segundo pronunciamiento del Tribunal.
Esta medida supondrá, según los cálculos del Ejecutivo central, un ingreso extra de casi 235 millones de euros en los seis primeros meses de su aplicación. Esta suma se destinará, tal y como explicó el ministro, al mantenimiento del servicio de justicia gratuito.
De esta cantidad, a la Comunitat le corresponderá entre el ocho y el nueve por ciento, ya que el coste del turno de oficio es de ese porcentaje, lo que se traduce en más de 18 millones de euros. Este servicio cuesta en la región valenciana aproximadamente 25 millones. De esta manera, gracias al cobro de esta tarifa, las comunidades que tengan las competencias de Justicia, como es el caso de la valenciana, contarán con una mayor financiación que les permitirá avanzar en la necesaria modernización de la Administración judicial para hacerla más eficiente.
Además de contribuir económicamente al saneamiento de las arcas públicas, la implantación de dicha cuota tiene otros objetivos.
Al afectar sólo a los recursos, reducirá la litigiosidad y contribuirá a la descongestión de los Juzgados. En este sentido, persigue también rebajar el número de casos de aquellos que únicamente pretenden dilatar indebidamente los procesos judiciales aprovechando la gratuidad de los recursos.
Asimismo, cabe destacar la importancia de una mayor financiación para el turno de oficio en un momento en el que crece su demanda, ya que debido a la crisis económica más ciudadanos cumplen los requisitos para ser beneficiarios. Esto ha hecho que el servicio sea difícil de mantener y año tras año gaste más de lo presupuestado. Por ello, la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que dirige Jorge Cabré aprobó una orden para rebajar las retribuciones de los abogados de oficio y reducir así el déficit.
{{
¿En qué consiste?}}
Cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció las nuevas medidas para optimizar la Justicia, saltaron todas las alarmas ante la posibilidad de implantar el copago en este servicio público. Pero éste no es el objetivo. Además, la tasa en los recursos de segunda instancia no es indiscriminada. El gravamen no afecta a la jurisdicción penal, a los asuntos de familia -como divorcios, temas relacionados con menores o filiaciones-, ni a los casos relacionados con la protección de los derechos fundamentales. Además, se garantiza la justicia gratuita, también en este tipo de recursos, para todas aquellas personas que carecen de medios económicos para la protección de sus derechos. Con todo, se persigue acabar con el mal uso de los recursos públicos en una época en la que la máxima es hacer más con menos.