Justicia destina el dinero de las tasas al turno de oficio

{L. F. – Madrid – 06/03/2012 }
Los graves problemas de financiación que tiene la justicia gratuita en España podrán resolverse en breve tras la medida anunciada ayer en el Senado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. A partir de ahora, el dinero ingresado por las tasas judiciales se destinará directamente a sufragar el gasto del turno de oficio, un servicio gratuito para aquellos ciudadanos que no tienen recursos suficientes para tener una defensa.
La revisión de dichas tasas, que se aplicarán en segunda instancia, se encuentra “prácticamente ultimada”, según admitió ayer el ministro. Estos importes se emplearán para la modernización de la justicia, algo que ya se contemplaba en la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2009, por lo que su puesta en marcha no acarreará ninguna dificultad adicional.
{{Cambio de criterios}}
Actualmente, las tasas que abonan los ciudadanos con recursos económicos se ingresan de forma indiscriminada en las arcas del Estado. Esta situación cambiará a partir de su reforma y la recaudación se dirigirá a cubrir los costes derivados de los litigios de quienes carecen de recursos.
En este sentido, Ruiz-Gallardón también comunicó que los criterios para acceder a la justicia gratuita deberán revisarse en los próximos meses.
“Es necesaria una revisión de los criterios actuales para evitar su uso fraudulento y una mejor orientación a los afectados para resolver sus problemas de forma extrajudicial”, explicó.
También en los próximos meses, Ruiz-Gallardón modificará la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, con el objetivo de racionalizar el volumen de litigios.
Gracias a esta norma, los funcionarios cuentan con el privilegio de poder acudir a los tribunales sin abogado ni procurador, algo que a partir de su transformación quedará suprimido.
El Código Penal será sometido además a una nueva reforma para incluir antes de verano la pena de prisión permanente revisable. Ruiz-Gallardón aclaró que esta pena se introduce “como mecanismo de seguridad”, de tal forma que la posible rehabilitación del reo tras un tiempo límite mínimo se estudiará mediante un test de inserción.
Otra de las novedades para antes de verano será la creación del estatuto de la víctima, que prestará especial atención a las del terrorismo y ampliará sus derechos para que estén informadas y puedan personarse en todas las fases del procedimiento penal. Asimismo, se les consultará antes de aplicar cualquier beneficio penitenciario.
Igualmente, por las mismas fechas, Justicia tiene previsto poner en marcha la reforma de la Ley de Responsabilidad del Menor y se presentará una batería de medidas para evitar los casos de multirreincidencia, así como una nueva regulación de las faltas.
Finalmente, sobre la dación en pago, Ruiz-Gallardón señaló que Justicia se incorporará en las próximas semanas al grupo de trabajo liderado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y afirmó que no cree que el carácter no imperativo de la propuesta lanzada por el Gobierno desanime a las entidades bancarias.
“Si el ministro de Economía ha elevado dicha propuesta es porque sabe que habrá colaboración por parte de las entidades financieras”, añadió.
{{{ {{Reformas
Normativa para otoño}} }}}
Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: recupera la necesidad de que las menores cuenten con el apoyo paterno para abortar.
Nuevo Código Mercantil: incluye normas en un único texto como la de Patentes de Innovación, Ley General de Publicidad, Defensa de la Competencia, entre otras.
{{{ {{Antepr{{oyecto de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.}} }} }}}
Luz verde para crear el proceso penal del siglo XXI
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, una de las reformas más esperadas en el ámbito de la justicia y que podría reducir considerablemente la alta litigiosidad penal, podría comenzar su reforma antes de fin de año, según declaró el ministro.
Se trataría, por tanto, de evitar los parches a una norma que ha sido revisada en 44 ocasiones en los últimos 30 años para sentar las bases de lo que será el proceso penal del siglo XXI.
Entre los asuntos que debería abordar se encuentran los plazos del secreto de sumario, el papel de la policía judicial en la investigación de delitos o el derecho de todo condenado a la revisión del fallo condenatorio por un tribunal superior.
Pero no será el único asunto clave para la justicia que se ponga sobre la mesa antes de finalizar el año. En otoño, Ruiz-Gallardón pretende tener listo el primer borrador de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modificará el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La fórmula propuesta por el Gobierno popular es que sean los propios jueces quienes nombren los 12 vocales de adscripción judicial. Respecto a los ocho restantes, que deben ser elegidos por los partidos de entre juristas de reconocido prestigio, el ministro propuso “un desafío” consistente en despolitizar también estos nombramientos para escoger “a ocho hombres idóneos que reúnan las mejores condiciones para acceder a sus puestos”.
En la nueva norma se delimitarán también las competencias del Tribunal Supremo y se prevé acortar la excesiva duración de los mandatos. A pesar de que los senadores quisieron saber la opinión del ministro de Justicia sobre la sentencia del exjuez Baltasar Garzón, Ruiz-Gallardón evitó pronunciarse.