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Justicia alargará hasta en 10 años la prisión para violadores y delincuentes agresivos

{15.05.12 – ALFONSO TORICES | MADRID.}
La reforma del Código Penal que prepara el Gobierno establecerá una figura legal, la custodia de seguridad, que permitirá alargar hasta en diez años el tiempo de estancia en prisión de los violadores y pederastas, y de otros autores de delitos muy graves, como los asesinos o los narcotraficantes, y reincidentes. Esta es la fórmula que ha buscado el Ministerio de Justicia para prolongar el encarcelamiento de los delincuentes que crean una especial y grave alarma social después de reconocer que no cumpliría lo previsto en el programa electoral del PP sobre la prisión permanente revisable, pena que la oposición rechaza e identifica con la cadena perpetua. El titular de este Departamento, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hace un mes que la reforma, cuyo borrador se quiere tener para el verano, introducirá en la legislación española la prisión permanente revisable, pero solo para los terroristas y no para violadores reincidentes o asesinos de menores como el PP defendió en la pasada legislatura.
La custodia de seguridad es un control preventivo, situado un escalón por encima del alejamiento de la víctima o de la libertad vigilada, que deberá imponer el juez en la sentencia y que permitirá que cuando los reos más peligrosos cumplan con sus penas de prisión se les pueda mantener encarcelados hasta diez años más si los expertos penitenciarios y el juez de vigilancia observan que el delincuente mantiene su agresividad y tiene un pronóstico de reinserción desfavorable. El tiempo de custodia, medida que ya existe en otros países europeos, lo decidirá el tribunal sentenciador a la vista del historial de violencia o reincidencia, y el juez de vigilancia decidirá antes de la excarcelación si lo aplica o lo acorta a la vista de la evolución carcelaria del reo.
Aunque esta medida puede alargar en la práctica una década la estancia en prisión de estos delincuentes, no es la prisión permanente. En España aún no está definida, pero Gallardón parece mirar al modelo francés, que consiste en una condena a 30 años de estancia en prisión ineludible, tras los que se comprueba si el terrorista es reinsertable antes de autorizar su excarcelación. Si el pronóstico no es favorable, la reclusión se prolonga por periodos sucesivos e ilimitados de 5 ó 10 años.
{{Rechazo judicial}}
Las asociaciones judiciales ya mostraron ayer mismo sus recelos ante la medida. La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura incidió en la «dificultad» que entrañará para los jueces de vigilancia penitenciaria decidir si aplicar o no la custodia de seguridad y en base a qué criterios. Por su parte, Jueces para la Democracia ve «innecesaria» la medida porque la legislación española ya es suficientemente dura al contemplar penas de hasta 40 años. Además, considera que es una pose «populista» que genera falsas esperanzas en las víctimas de que los delincuentes «quedarán recluidos a perpetuidad», cuando no es así.
Gallardón, además de la custodia, anunció otros dos cambios destinados a prolongar el encarcelamiento de delincuentes sexuales. En primer lugar, desaparecerá el delito continuado de violación, por lo que el agresor acumulará tantas penas como delitos. En segundo lugar, endurecerá las penas para los secuestradores que hagan desaparecer los cuerpos de sus víctimas, especialmente en ataques a menores, para enfrentar alarmas como las provocadas por el asesinato de Marta del Castillo en 2009 o la actual desaparición de los dos niños de Córdoba.
De hecho, el ministro realizó los anuncios tras entrevistarse con el padre de Marta del Castillo. Quiso tranquilizar a su interlocutor después de que hace un mes, tras enterarse de que se descartaba la pena de prisión permanente revisable para asesinos de menores y violadores reincidentes, asegurase que Rajoy le había «engañado y utilizado» cuando se comprometió a lo contrario como líder de la oposición.
Los anuncios de Gallardón, a quien Antonio del Castillo reclamó su dimisión en abril, rebajaron el grado de enfado del padre de la menor desaparecida, que dijo tener una satisfacción «parcial», pero no evitó que entregase al ministro un escrito, respaldado por decenas de miles de firmas, en el que exige al Gobierno que no incumpla más promesas electorales.

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