Juristas se oponen a una implantación generalizada de tasas judiciales

{Barcelona, 29 nov (EFE).-} Las agrupaciones de jueces y abogados discrepan sobre la conveniencia de implantar tasas judiciales, pero coinciden en rechazar su aplicación generalizada porque podría poner en peligro el derecho universal de acceder a la justicia.
Así lo han expresado varios juristas consultados por Efe en relación con el anteproyecto de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, que propone aplicar una tasa en Cataluña para servicios personales y materiales en el ámbito de la justicia, concepto por el que prevé ingresar 25 millones de euros.
El portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Barcelona, Pablo Llarena, se ha mostrado partidario de la implantación de una tasa judicial, pero no indiscriminada, sino aplicada a aquellas personas que interponen indebidamente una demanda o hacen un “uso abusivo e indebido” de la justicia.
Llarena, que en su acto de posesión como presidente de la Audiencia de Barcelona pidió recuperar el copago en la justicia, ha afirmado que desconoce si la Generalitat tiene competencias para implantar esa tasa, pero se ha mostrado partidario de que se apruebe desde el Gobierno central porque, si no, podría darse “una doble imposición” para el ciudadano.
Esa misma advertencia la formula el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L. Yúfera, que considera que para evitar la doble imposición debería transferirse a Cataluña la gestión y recaudación de todos los recursos generados por las tasas judiciales estatales.
“No sería lógico que se pagaran tasas judiciales estatales y autonómicas, ya que se trataría de una doble imposición”, alerta Yúfera, tras precisar que apoya ese gravamen sólo como una herramienta “excepcional” justificable ante el actual contexto de crisis.
Yúfera defiende que esas tasas sean temporales porque “pueden suponer una limitación o barrera para que el ciudadano y las empresas ejerzan su legítimo derecho a reclamar justicia a través de los tribunales”.
A ese derecho “fundamental” apela el portavoz de la asociación progresista Jueces por la Democracia en Cataluña, Xavier González de Rivera, que cree que no se debe limitar el acceso a la justicia mediante el cobro de una tasa.
González de Rivera considera que ese impuesto que estudia cobrar la Generalitat “no parece una solución” de entrada, aunque precisa que debería conocer los detalles de la propuesta para hacer una valoración, de la que, lamenta, se ha enterado por la prensa.
El portavoz de Jueces por la Democracia cree que, antes de pronunciarse sobre la propuesta, sería conveniente saber si se trata de una tasa progresiva, que se cobre en función de la renta, y si en la jurisdicción contenciosa se aplicaría también en el caso de que sea la administración la que litigue.
González de Rivera cuestiona además que la Generalitat tenga competencias para crear ese gravamen judicial, que en su opinión debería aprobarse mediante una reforma legislativa estatal.
También duda el portavoz de Jueces por la Democracia de la legalidad de que la administración de justicia pueda cobrar por algunos servicios materiales, como la fotocopias de los expedientes, dado que, en su opinión, la ley establece el derecho de las partes litigantes a obtener copia de los documentos del procedimiento.
Efe ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con portavoces de la asociación de jueces Francisco de Vitoria para valorar esta propuesta de la Generalitat. EFE