Jueces y letrados creen que la web para delatar vándalos vulnera varios derechos

{| Germán González | Barcelona-miércoles 25/04/2012}
La web del departamento de Interior de la Generalitat que busca identificar a vándalos que han participado en actos violentos en Barcelona ha suscitado numerosas críticas que cuestionan su legalidad y vaticinan contradicciones jurídicas. La página ha recibido 140.000 visitas en 24 horas.
El Colegio de Abogados de Barcelona ve como una “iniciativa inquietante” la iniciativa y estima que incluso podría generar la nulidad de posteriores actuaciones judiciales al no ceñirse a la legislación.
El portavoz del Colegio de Abogados, Jorge de Tienda, considera “muy peligrosa” la web, porque entiende que exponer imágenes de personas no identificadas tendría que hacerse siempre con una resolución judicial motivada, para no vulnerar el derecho a la imagen y al honor.
Según De Tienda, sólo deberían poder divulgarse imágenes de personas de forma excepcional en caso de criminales muy peligrosos huidos de la Justicia. “Los atajos son peligrosos. “El fin no justifica los medios”, sentencia.
Según De Tienda, la activación de esta web podría provocar ahora que algunos de los sospechosos que aparecen fotografiados puedan ejercer acciones legales contra la Generalitat por un atentado a su derecho al honor, al entender que se podría haber violado el derecho a su imagen.
Por su parte, el portavoz estatal de la asociación Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, ha explicado a ELMUNDO.es que no discuten sobre la legalidad de la web puesta en marcha por la Generalitat, pese a que consideran que pueden plantear varios problemas jurídicos. En este sentido, Ramírez destaca que aparecen imágenes de personas que no están encausadas por lo que se puede “vulnerar su presunción de inocencia”. Además, ha recordado que los actos vandálicos son “hechos puntuales” que no deben criminalizar los movimientos sociales. Considera que los Mossos d’Esquadra investigan “de una forma drástica y desproporcionada” mediante la activación de la web.
{{Interior emplaza a denunciar si hay dudas sobre la legalidad}}
La respuesta del departament de Interior no ha podido ser más contundente. El comisario portavoz de los Mossos d’Esquadra, Joan Miquel Capell, ha dicho que la web no va en contra la presunción de inocencia ni del honor de los sospechosos que aparecen y ha emplazado a los que duden de su legalidad a acudir a los juzgados.
Capell ha sostenido que la página no criminaliza a nadie, ya que es únicamente una herramienta de investigación, y ha garantizado que si alguno de los 68 sospechosos se reconoce en las imágenes y se ofende o ve vulnerado su derecho al honor puede ponerse en contacto con los Mossos d’Esquadra e identificarse y, automáticamente, le retirarán de la página.
El comisario portavoz de los Mossos d’Esquadra ha señalado que si alguien tiene dudas sobre la legalidad de la iniciativa puede presentar una demanda judicial, para que sean los jueces quienes finalmente dictaminen si la web afecta a algún derecho fundamental.
Capell ha recordado que, antes de poner en marcha la web, Interior ha consultado a sus servicios jurídicos, así como con representantes de la judicatura y de la fiscalía para avalar la iniciativa y que han tirado adelante porque en ningún caso su objetivo es vulnerar ningún derecho.
{{No consultaron al Tribunal Superior}}
Según han informado fuentes judiciales, los responsables de Interior informaron de su iniciativa tanto a la decana de los juzgados de Barcelona, Maria Josep Feliu, así como a algunos de los jueces que instruyen causas relacionadas con los incidentes de la jornada de huelga del 29M, pero no al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
No obstante, el propio Capell ha admitido que hay algunos casos de sospechosos de los que han colgado sus imágenes en la web en los que previamente no lo han consultado con ningún juez porque todavía no se ha iniciado ninguna instrucción judicial y el caso se encuentra en fase de investigación policial.
Por este motivo, también ha rechazado la pretensión de algunos juristas de que siempre tendría que ser un juez quien autorizara la divulgación de imágenes de sospechosos, ya que considera que al no haber una instrucción judicial abierta la policía se limita a investigar de oficio.