Harán un protesta el 12 de diciembre, piden negociar directamente con Rajoy y planean un paro total en enero si no se pactan las reformas
29.11.12 – MATEO BALÍN | MADRID.
La conservadora APM frenó el intento de paralizar la actividad de la Justicia una semana
Los jueces y fiscales no aguantan más y han dicho basta. Con los puentes de diálogo rotos con el Ministerio de Justicia para pactar las reformas legislativas que ultima Alberto Ruiz-Gallardón, y que buscan dar un lavado de cara a la estructura del Poder Judicial y al estatus diferenciado de los togados, los tambores de huelga suenan con más fuerza que nunca.
Las siete asociaciones de jueces y fiscales, sin excepción, dieron ayer un paso de gigante en sus protestas y firmaron un acuerdo que pone en un brete a Gallardón. Los colectivos, hartos de que el ministro haga caso omiso a sus propuestas, consideran que este ya no es un «interlocutor válido» y a partir de ahora quieren negociar directamente con el presidente Mariano Rajoy, al que le piden una reunión urgente.
De momento, lo más inmediato es la convocatoria de un acto público de defensa de la administración de Justicia el 11 de diciembre y un día después un paro parcial de una hora en protesta por los desaires de Alberto Ruiz-Gallardón, en el que se realizarán concentraciones y ruedas de prensa ante las sedes judiciales de todo el país.
En un horizonte no tan lejano, en enero, se anuncia la convocatoria de una huelga en caso de que se apruebe la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevista para el próximo 18 de diciembre, y/o se presente un proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial «que afectase a la independencia judicial».
En la reunión de ayer varias asociaciones propusieron la convocatoria de paros de hasta una semana, pero después de la oposición a esta medida de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, se acordó únicamente parar una hora el 12 de diciembre como paso previo a la posible huelga de enero.
Y es que la APM es la única asociación que se muestra más reacia a llevar el malestar con Gallardón hasta sus últimas consecuencias. Ello, pese al distanciamiento mostrado por el colectivo conservador durante el desarrollo del ‘caso Dívar’, que acabó con la dimisión del expresidente del Poder Judicial y el nombramiento de un magistrado, Gonzalo Moliner, progresista, que no era del agrado de la asociación.
En cualquier caso, desde la APM sí hay intención de aceptar una huelga de jueces y fiscales si Justicia saca adelante su propuesta para el Consejo General del Poder Judicial, que pretende reducir a la máxima expresión la actual composición del órgano de gobierno de los jueces.
Sin dedicación exclusiva
La idea consiste en que solo el presidente tendría sueldo fijo y el resto de la veintena de vocales compaginarían su cargo con la función jurisdiccional o con su profesión si son de designación parlamentaria.
Estos acudirán a las convocatorias y al Pleno y recibirán las dietas correspondientes, siendo retribuidos en sus destinos de origen o profesiones respectivas.
Falta por saber, porque aún se está negociando en el Parlamento, si hay variaciones en la designación de los vocales. En la actualidad doce son jueces y magistrados elegidos por el Congreso y el Senado a propuesta de las asociaciones judiciales y los ocho restantes son «juristas de reconocida competencia» que también son elegidos a partes iguales por las dos Cámaras.
Gallardón quiere calmar a la carrera dejándole a los jueces la elección de sus 12 vocales, aunque aún no ha concretado la respuesta.
Por otra parte está la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el estatuto de los jueces. Un proyecto que reduce los días de permiso de los magistrados y convierte en «excepcional» la figura del juez sustituto, que actuará solo ante circunstancias de una necesidad «acreditada» y «motivada». Esta última medida ha sido muy criticada por los togados, ya que provocará un incremento de la carga de trabajo.
La carrera judicial considera que las reformas promovidas por el Gobierno van a deteriorar la situación de la Justicia, limitar la independencia del Poder Judicial y, en el caso de las tasas, limitar el acceso de los ciudadanos a la tutela de los jueces. Además, considera que las medidas tomadas para limitar los desahucios son claramente insuficientes, ya que no modifica el fondo de la Ley Hipotecaria.
Junto a ello, alerta de que la falta de previsión del Ejecutivo al derogar la anterior legislación de tasas sin que haya entrado en vigor la nueva (falta el formulario de pago que prepara Hacienda) está provocando que se deje de ingresar «mucho dinero» en las arcas públicas.
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, aseguró ayer que las protestas supondrán también «una máxima expresión de nuestro descontento, sobre todo unido a la petición de dimisión del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que no ha sabido abrir una vía de diálogo tras las recientes manifestaciones de jueces y fiscales», remachó el portavoz