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Jueces y abogados critican que justicia gratuita se convierta en beneficencia

{Madrid, 18 may (EFE).-}
Representantes de asociaciones de jueces, abogados y fiscales han señalado hoy que el Gobierno ha «puesto en cuestión» la justicia gratuita, un servicio público «fundamental» que tratan de convertir en un «sistema de beneficencia».
Así lo ha manifestado el coordinador de la asociación «Jueces para la Democracia» y magistrado del juzgado de instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Díez, quien ha participado en una jornada en defensa del derecho a la asistencia jurídica gratuita celebrada en la sede del Consejo General de la Abogacía.
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Organizado por la Asociación Libre de Abogados (ALA),}} {{la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM) y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO)}}, el objetivo del seminario ha sido coordinar acciones en contra de lo que consideran «ataques» de los gobiernos central y autonómicos contra derechos fundamentales como la justicia, la educación o la sanidad.
García de Díez ha asegurado que desde el Ejecutivo se pretende desprestigiar, «mediante acusaciones infundadas», los abusos que supuestamente se producen por parte de los abogados de oficio y de los propios acusados al hacer uso de la justicia gratuita.
Por ello, ha apelado a «desmontar» estas «falacias» y ha advertido de que un servicio público como la Justicia no puede ser tratado «bajo el prisma del neoliberalismo económico».
En el mismo sentido se ha expresado el representante de la Unión de Fiscales Progresistas Carlos García Berro, quien ha hecho un llamamiento para luchar contra el incremento de tasas judiciales anunciado por el Ejecutivo, ya que, a su juicio, provocará que las personas con menos recursos «no puedan ni arrimarse» al sistema judicial.
Al respecto ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha «reaccionado a tiempo» al haber tachado de «desproporcionada» la subida de dichas tasas en una propuesta preliminar que será elevada al pleno de la institución el próximo día 31 de mayo.
«Si la finalidad de la modificación de las tasas era evitar abusos, el ordenamiento jurídico ya dispone de una medida para ello que es la condena en costes», ha afirmado.
García Berro ha indicado que la Justicia en España cuesta 3.200 millones de euros al año, «menos que Bankia», y ha agregado que es la «hermana pobre» porque «no da ni votos, ni dinero».
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El portavoz de ALA, Teodoro Mota,}} ha afirmado que las instituciones han «denigrado» a los usuarios de justicia gratuita y a los profesionales del turno de oficio «sin haber aportado un solo dato» que corrobore los supuestos fraudes cometidos.
A su juicio, tras estas acusaciones se esconde la «intención de privatizar» este servicio público, lo que supondría una pérdida de libertad de los abogados que estarían «sometidos a los criterios económicos» de la empresa a la que pertenezcan.
Por su parte, la juez del juzgado número 29 de Madrid, Pilar Luna, ha advertido de la carencia de intérpretes cualificados que padecen los juzgados de Madrid desde que la Administración de Justicia externalizó este servicio.
Ha recordado que una directiva comunitaria contempla que los acusados tienen derecho a pedir que se les traduzcan los documentos más importantes del procedimiento. EFE

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