La Audiencia se reúne con la Fiscalía y los letrados para instaurar una vista preliminar en la que el acusado diga si se conforma o no con la pena y evitar así la citación de testigos y peritos eludiendo celebrar un plenario inútil
La medida afectará a los juzgados de lo Penal, los más saturados
José Antonio SauPasa todos los días en los pasillos de la Ciudad de la Justicia. La celebración de un juicio ha requerido la citación de diez o doce testigos, cuatro o cinco peritos, los abogados de la acusación particular y el defensor, el fiscal y el juez. Pero por cualquier motivo la vista se suspende. En muchos de esos casos, el acusado podría estar de acuerdo con la pena solicitada por el fiscal, pero como antes no se habla, o se habla poco, el plenario ha de celebrarse. La Audiencia Provincial se está reuniendo con el Colegio de Abogados y la Fiscalía precisamente para elaborar un protocolo de conformidades que podría reducir el número de juicios que se celebran al año en los juzgados de lo Penal hasta en un 40%.
La idea básica es sencilla: antes de citar a todo el mundo para el juicio y fijar una fecha, algo complicado si se tiene en cuenta que los 14 juzgados de lo Penal señalan a un año o año y medio vista, según el caso; se plantea instaurar la celebración de una vista preliminar posterior a la calificación de los hechos por parte del fiscal y previa al juicio. Sólo acudirían el fiscal, los letrados defensor y de la acusación particular si lo hubiere, el juez y el acusado. Si éste está de acuerdo con la pena de cárcel o multa que se le pide, se acabó el pleito y no hay que citar a nadie. La sentencia reflejará el acuerdo. Eso, por cierto, se hace con delitos castigados con hasta seis años de cárcel, porque más allá es la Audiencia Provincial la que se encarga de juzgar.
Muchas personas pierden el día de trabajo y se gastan un dinero en ir a un juicio que luego se suspende, y esos gastos hay que pagárselos en una suerte de indemnización por perjuicios causados. Además, cada juicio le cuesta al erario público en torno a 1.800 euros, según datos del Consejo.
La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa a 2011 refleja que los 14 juzgados de lo Penal de Málaga celebraron el año pasado 34.604 juicios, un número que podría ser un 40% inferior, según las estimaciones de los implicados, si se instaurara la vista preliminar y se mejoraran los cauces de comunicación previos al juicio.
Si a esa cifra se le suman los 15.877 juicios rápidos que celebraron los órganos de Instrucción en 2011, los plenarios totales –más de 50.000– podrían reducirse hasta en un 60%. Todo un alivio para unos juzgados que están saturados, entre otras cosas –los de lo Penal– de sentencias sin ejecutar –más de 20.000–, un problema por el que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dieron la voz de alarma en una reciente visita.
La conformidad, claro está, conllevaría una cierta rebaja de la pena o beneficio. «Muchas veces, el abogado de oficio ve por primera vez a su cliente poco antes del juicio. Es el ejemplo claro de que hay que actuar aquí», dice una fuente. El protocolo se inscribe en la firma de un acuerdo entre la Fiscalía General del Estado y los abogados españoles, que ahora también se está limando con los jueces en reuniones celebradas en la Audiencia Provincial.
Cada penal celebra una media de tres días a la semana, siete u ocho juicios por jornada, con lo que una descarga de trabajo supondría que juez, secretarios y funcionarios se dediquen, por ejemplo, a ejecutar sentencias para que no se repita el caso Mari Luz.
El protocolo supondrá un ahorro importante para los juzgados. La Administración de Justicia lleva sobre sus hombros una brutal falta de medios materiales y humanos y arrastra un déficit histórico en inversión pública, que ahora se ha visto multiplicado con la crisis. La falta de rapidez en la resolución de cuitas y pleitos hace que sea uno de los servicios peor valorados por los ciudadanos, y casos recientes han contribuido a alimentar la mala imagen del mismo. Implementar el protocolo de conformidades, dándole la especificidad del servicio en Málaga, permitirá un importante ahorro al ciudadano, estiman las fuentes consultadas. «No habría que indemnizar a peritos y testigos», explican.
Si se tiene en cuenta que cada juicio cuesta una media de 1.800 euros –en este caso, los de menor enjundia–, el ahorro podría ser considerable para el erario público, permitiendo así a la víctima que sufra trámites innecesarios y al acusado, una prolongada pena de banquillo