JpD muestra su rechazo a la reciente reforma LOPJ

28 de septiembre de 2011

Jueces para la Democracia quiere hacer público su rechazo a la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la cual se permite a los miembros de la judicatura que ocupen cualquier cargo político o de confianza o cargo público representativo, el pase a la situación de servicios especiales en la carrera judicial, con todos los efectos inherentes, y entre ellos el cómputo de antigüedad.
Estimamos inexplicable que se haya aprobado una reforma de esta envergadura al final de una legislatura truncada anticipadamente, con el consenso de las fuerzas parlamentarias mayoritarias, sin ningún debate previo riguroso y suficientemente publicitado sobre los pros y los contras de la propuesta. Es llamativo, a este respecto, que la LO 12/2011, de 22 de septiembre, que opera la reforma, no contenga preámbulo alguno ni exposición de motivos que den cuenta de las razones de la modificación legislativa.
Mediante esta reforma se sustituye la figura hasta ahora vigente de la excedencia voluntaria, con las salvedades contempladas en el artículo 351 de la LOPJ, de modo que el ocupar cualquier puesto de designación política, con independencia de su vinculación con la Administración de Justicia y de su rango, determinará la situación de servicios especiales. Y ello, con la innecesaria referencia a que, una vez se produzca el reingreso en el servicio activo, se producirá un deber de abstención respecto de aquéllos “asuntos concretos vinculados con su actividad política.”, ya que tal limitación venía contemplada, como no podía ser de otra forma, entre las causas de abstención y recusación.
Desde Jueces para la Democracia siempre hemos defendido la importancia de la Política con mayúsculas, como modo de ordenar el hecho irreductible de la pluralidad humana adoptando decisiones colectivas. De ahí la trascendente labor que tienen asignada quienes se dedican habitual o ocasionalmente a la misma. No compartimos la visión sesgada, en el mejor de los casos ingenua, de quienes conciben a la judicatura como el único Poder bueno actuando en un concierto dominado por otros Poderes malignos. Sin embargo, la Política con mayúsculas exige la toma de decisiones no partidistas en todo aquello que afecta a la estructura institucional del Estado. Reformas, como la aprobada, merman inevitablemente la visión que la ciudadanía tiene sobre la independencia de los miembros de la carrera judicial, ya que puede generar razonablemente la sospecha acerca de si se están remunerando servicios prestados, máxime cuando sus efectos son retroactivos, lo que, además, perjudica las legítimas expectativas jurídicas de otros compañeros y compañeras de carrera.
Por todo ello, reiteramos nuestro rechazo a esta injustificable reforma de nuestro estatuto.
El Secretariado, Madrid, a 28 de septiembre de 2011