Sonia Gumpert “premiada” con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía.
El 25 de julio una explosión de “tweets” de los palmeros habituales de Sonia Gumpert recibía con euforia la noticia de la concesión a la decana, por parte del pleno del CGAE, de la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía. La agraciada, modesta, reconocía el galardón como destinado a “…tantos que hemos trabajado en un proyecto maravilloso”.
Una vez más tenemos la sensación de que el CGAE, ejemplo de entidad escasamente democrática y representativa de la abogacía española, se dedica a patrimonializar los galardones que puede conceder para seguir repartiéndolos entre sus componentes, siendo el principal mérito que sea “una de las suyas”.
Pero a nosotros/as nos preocupa también otra cuestión. La gran Cruz y el procedimiento de su concesión se regulan en los arts. 32 a 35 del Reglamento de régimen interior del CGAE; allí se establece que la distinción pretende premiar “…los méritos contraídos al servicio de la Abogacía…” y se otorga “…para honrar y expresar su reconocimiento y agradecimiento a quienes lo merezcan”.
En el procedimiento de concesión se regula, art. 34.2, que “…en el caso de que entre los firmantes de la propuesta no figurase el decano del Colegio de residencia propuesto para la distinción solicitará informe de la Junta de Gobierno de dicho Colegio sobre los méritos del propuesto y la oportunidad de la concesión de la distinción”.
La abogacía madrileña conoce sobradamente a Sonia Gumpert, es la decana que presidió uno de los períodos más opacos y antidemocráticos en el ICAM (mérito que le reconocemos, pues el nivel era alto). La que aprobaba en el CGAE un informe sobre la aplicación de la Ley de Transparencia en los Colegios de abogados que se negaba a aplicar en el Colegio que presidía; la que contestaba con el silencio a la petición de información solicitada en base a las obligaciones de los Colegios profesionales sobre transparencia y era finalmente requerida por el Consejo de Transparencia que obligaba al ICAM a facilitar la información solicitada, recurriendo también esa resolución finalmente confirmada por una sentencia firme. La colaboradora necesaria en el desastre de MUSA (heredera del Servicio Médico del ICAM) al paralizar durante año y medio la aplicación de acuerdos de Junta General del ICAM, gastando decenas de miles de euros en informes que lo justificaran y que acabó firmando con el Presidente de MUSA, Antonio Hernández-Gil, un acuerdo que mantuvieron secreto durante años en el que pactaban dejar sin efecto los acuerdos tomados anteriormente en relación con el Servicio Médico del ICAM (ignorando que habían sido adoptados en Junta General extraordinaria del ICAM). La que durante cinco años impidió el debate de proposiciones en las Juntas Generales del ICAM, pese a que dichas proposiciones cumplían los requisitos estatutarios, hasta que el ICAM fue condenado dos veces por el TSJ de Madrid por vulneración antidemocrática de sus Estatutos, con expresa mención a que la decana había impedido ilegalmente el debate democrático de las propuestas y vulnerado los derechos de los colegiados. La que aprobó un proyecto tecnológico “Colegio 3.0” que iba a costar 3 millones de euros e iba a estar operativo en abril de 2018 cuando actualmente el coste estimado es de 5 millones de euros, sigue sin estar operativo y ha originado que la actual Junta de Gobierno (en su reunión de 6 de abril de 2018) haya adoptado un acuerdo en el que constata “…desviación extraordinariamente significativa del coste contractualmente acordado y de la ulterior ampliación del mismo”, “…dudas razonables sobre la calidad de los servicios profesionales prestados… …y el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales…”, “…dudas razonables sobre la calidad del asesoramiento externo técnico y jurídico contratado por esta corporación”, por lo que “…se acuerda el encargo profesional a un tercero para que elabore un informe pericial que analice los eventuales incumplimientos y la imputación de responsabilidades en su caso”. Es también la decana que no fue neutral en las pasadas elecciones, poniendo los medios materiales del ICAM a disposición de su candidato Javier Iscar y siendo corregida por ello por la Comisión electoral; tan escandaloso fue su papel que el propio decano actual, José Mª Alonso, en una reunión preparatoria del debate electoral entre los/as candidatos/as, la requirió públicamente para que fuese neutral en las elecciones.
Podríamos seguir, más la lista sería interminable. Pero, sólo con lo apuntado, José Mª Alonso debería explicarnos qué méritos extraordinarios para la abogacía madrileña aprecia en Sonia Gumpert, si él es uno de los firmantes de la solicitud de la Gran Cruz a favor de la antigua decana y que informe ha realizado la Junta de Gobierno en relación con la concesión de dicha Gran Cruz.
Sonia Gumpert ya tiene la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía. ALA espera tener la explicación del decano José Mª Alonso de su papel y del de la Junta de Gobierno que preside en dicha concesión.
Madrid, 27 de julio de 2018.
Grupo de trabajo de asuntos colegiales de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. ALA.