Hacienda podrá destituir gobernantes autonómicos y locales que incumplan

{19/05/2012
Carmen del Riego
Madrid}
las que ayer dio cuenta la vicepresidenta. Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros. Uno de los asuntos destacables es que el encargado de apartar de su cargo a los responsables públicos que no cumplan con sus obligaciones económico-financieras será, precisamente, el ministro de Hacienda. Podrá destituir a cargos públicos y apartarlos de sus puestos, no sólo en la administración central, sino también en las administraciones autonómicas y local. Otras sanciones son la no percepción de pensiones indemnizatorias y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Sólo quedarán fuera de su potestad sancionadora sus compañeros de gabinete, ya que la destitución de un ministro sólo podrá adoptarse por acuerdo del Consejo de Ministros, a pesar de que el artículo 100 de la Constitución señala que los ministros “serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su presidente”.
Entre las peticiones de los ciudadanos incluidas en las alegaciones figura la ampliación de los sujetos que tienen que someterse a la ley de transparencia, y en base a las aportaciones el Ejecutivo ha incluido a los colegios profesionales y la obligación de suministrar información a los adjudicatarios de los contratos públicos. Sin embargo, el Gobierno ha dejado fuera de la ley a la Casa Real a pesar de que, como admitió la vicepresidenta, han sido muchas las alegaciones que pedían la inclusión de esta institución en las exigencias de transparencia. La justificación es que la casa Real no forma parte del grupo de administraciones públicas, que son las obligadas a ajustarse a la ley de transparencia, y además la normativa europea deja a las casas reales exentas de ser incluidas en las normas de transparencia obligada. Santamaría subrayó que la ley de transparencia tampoco afecta a la monarquía británica “y es considerada un referente democrático”.
Además, el Gobierno ha desechado la petición de numerosas alegaciones de que el silencio negativo se convierta en positivo, es decir, que cuando no se responde en el plazo previsto, la ley establece que se considera denegada la solicitud, y la petición ciudadana era que se considerada concedido el acceso a la información solicitada. La explicación es que la información solicitada puede ser sensible si se pone en manos de terceros, por lo que por seguridad se mantiene la denegación si no se contesta.