El ministro revela que los magistrados pidieron la subida de las tasas y achaca la alta litigiosidad al exceso de letrados
El titular de Justicia explica que está en su cargo «para hacer, no para estar» y que «no hay cambios sin resistencia»
Sostiene que las asociaciones de jueces también han politizado la administración de justicia
Alberto Ruiz-Gallardón se presentó ayer como el gran «transformador» de la administración de Justicia en pleno terremoto en el mundo judicial. Con todos los protagonistas de los tribunales unidos en contra de sus reformas y una huelga de togados en el horizonte, el ministro hizo bueno el dicho de que no hay mejor defensa que un buen ataque y acusó a jueces y abogados de moverse por «intereses corporativos» para no subirse al tren reformista de su departamento y rechazar los cambios.
De forma sutil pero directa y con su característico tono irónico, Gallardón eligió bien el día para desplegar su argumentario, el mismo que causa un profundo enfado entre los profesionales de la Justicia, desde los jueces, fiscales y abogados hasta los secretarios judiciales o los funcionarios de los juzgados. Lo hizo horas después de que este frente común publicara un manifiesto en el que le pedían que rectificara y un día antes del paro de una hora convocado para este mediodía en todas las sedes judiciales.
Pero lejos de escuchar el mensaje, el ministro se creció y respondió con dureza. Aseguró que Mariano Rajoy le dio su confianza para transformar la maltrecha administración de Justicia, no para atender los «intereses legítimos, pero corportativos» de sus actores, en particular jueces y abogados, cabezas visibles de las protestas junto a los fiscales.
«Vine para hacer, no para estar», manifestó Gallardón en el foro ‘ABC-Deloitte’ después de comenzar su intervención con melifluas menciones a la historia del Ministerio de Justicia y a los cuadros de sus antecesores colgados de las paredes del edificio de la calle San Bernardo. Y cuando el ministro admite que «vino para hacer», esto es, para conseguir que la administración de Justicia sea más eficaz y salga de su colapso endémico, también da por hecho que fue elegido para ponerse el casco cuando el patio está revuelto, como ocurre ahora.
Revelación y desmentido
Pero lejos de esquivar las críticas, Gallardón entró al trapo y dejó pullas para unos y otros. A los jueces les recordó su estatus laboral privilegiado con el resto de los funcionarios públicos. Les acusó de alentar las protestas «porque les han quitado la paga extra de Navidad o les hemos rebajado de 18 a 12 los días de permiso, cuando el resto de funcionarios solo tienen tres».
De la misma forma, sacó una carta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la organización conservadora y mayoritaria en la carrera, para desvelar que fueron ellos quienes le pidieron la implantación de las tasas judiciales que han soliviantado a los abogados. Una versión que fue desmentida poco después por la portavoz de la APM, María Antonia Sáenz, quien señaló que nunca han tenido «comunicación directa» con el Ministerio de Justicia para que ahora Gallardón saque una carta de hace un año. No obstante, este colectivo conservador es el único que se ha mostrado a favor de las tasas aunque consideran su cuantía «desproporcionada».
Lo cierto es que el gravamen aprobado para la interposición de recursos en la jurisdicción civil y administrativa sobrevoló toda la intervención del titular de Justicia, que en un giro dialéctico vinculó el enfado de los abogados con el hecho de que estos son parte responsable de la alta litigiosidad que tiene nuestro país, uno de los «graves males» de la Justicia. Relacionó que cada año se tramitan 9,5 millones de asuntos con el hecho de que en España estén colegiados 125.000 abogados, el doble que la media europea. Y añadió que como hasta ahora recurrir salía gratis había que dar una respuesta a este «mecanismo perverso» de pleitear hasta llegar a la última instancia, el Tribunal Supremo.
«Se trata de un mecanismo disuasorio para que no se colapsen los tribunales, ya que solo el 20% de los casos tienen posibilidades reales de prosperar», aseguró el ministro, para el que las tasas afectan sobre todo a personas jurídicas y entidades financieras, y en ningún caso a las rentas bajas que tengan posibilidad de acceder a la Justicia gratuita.
Gallardón lanzó otras dos pullas a los jueces antes de concluir su alocución. Dijo que su reforma del Consejo General del Poder Judicial defiende la «despolitización» y para ello buscará el máximo consenso con el PSOE, pero recordó que la «politización» de las asociaciones judiciales, que han nombrado al 76% de los altos cargos en los últimos años, es «exactamente igual de mala». Un aviso para navegantes.