- JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.. 10.01.2013 –
Un rayo de esperanza ilumina de nuevo la vida de Ana y sus dos hijos pequeños de 5 y 8 años. El pasado 12 de diciembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paralizó su desalojo a escasas horas de su ejecución. Apenas seis horas antes. Ya tenía todas sus cosas empaquetadas por si aparecía la Policía cuando recibió la llamada de su abogado: “Me dijo que no tenía que abandonar la vivienda. Que Estrasburgo había paralizado de forma cautelar la orden de desahucio”, recordaba este miércoles emocionada a 20 minutos.
Se lo comenté a la vecina de enfrente, le pareció bien, agarré el taladro y abrí la puertaEsta joven de 24 años y etnia gitana decidió ocupar de forma ilegal la casa de su vecino en junio de 2009,una vivienda de la Comunidad de Madrid situada en Vallecas. “Se llamaba Rafael y había fallecido dos años antes. Desde entonces no vivía nadie allí y mis hijos y yo dormíamos como animalillos en una habitación de la casa de mis padres”.
Ana lo llevaba pensando desde el mes de diciembre de 2007, pero no fue hasta el verano de 2009 cuando tomó la decisión: “Se lo comenté a la vecina de enfrente, le pareció bien, agarré el taladro y abrí la puerta”. Una vivienda con dos habitaciones, un cuarto de baño, salón y cocina que nunca se hubiera podido permitir con los 500 euros de prestación que recibe al mes para sacar adelante a su familia. “Parecía un palacio. Después de vivir con mis hijos y el resto de mis hermanos en casa de mis padres no me lo podía creer”, explica ilusionada.
Un largo proceso
Las complicaciones en la casa de Ana comenzaron en enero de 2011. Un técnico del Ivima le comunicó que si no abandonaba la casa de inmediato sería desalojada y no podría solicitar una vivienda social en dos años. “Mis hijos me preguntaban por qué los querían echar de su casa y yo no sabía qué decirles. Hice un escrito explicando mi situación económica y solicitando una vivienda que pudiera pagar, pero no me hicieron caso. Solo pido una alternativa, no que me regalen una casa“, explica.
Mis hijos me preguntaban por qué los querían echar de su casa y yo no sabía qué decirlesA la primera notificación le siguió una segunda y en octubre de este año la Justicia ordenó su desalojo para el pasado 13 de diciembre. Gracias al esmero de su abogado de oficio que le otorgó la Comunidad, ha conseguido que su caso llegue al tribunal europeo, que tras preguntar al Gobierno qué iba a pasar con la familia, decidió paralizar el desalojo.
Estrasburgo tendrá que decidir ahora si admite a trámite la demanda del abogado de la familia, César Pinto Cañón, algo muy probable dada su decisión de suspender cautelarmente el desalojo. En este caso, el Gobierno español tendrá la opción de negociar con los demandantes una solución o bien esperar la sentencia, sabiendo que si es condenatoria significará el pago de una indemnización o el realojo de la familia.
Grave situación de vulnerabilidad
El abogado de Ana solicitó el pasado mes de octubre al tribunal europeo la adopción de medidas cautelares para evitar el desalojo “dada la grave situación de la familia”. En su alegato, el letrado invocó los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de tratos inhumanos y derecho al respeto de la vida privada y familiar) y se quejó de la “ausencia de una propuesta de alojamiento alternativa”. Además, apeló a que la protección de los menores no estaba garantizada.