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Empleo cifra en 1.500 millones el coste de la sentencia del Constitucional

23 de abril de 2013. Efecom.  Madrid.

La Seguridad Social ha considerado hoy «grave» la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema para calcular la pensión de un trabajador a tiempo parcial, ya que incrementará el gasto en prestaciones en 1.500 millones de euros anuales y generará «interpretaciones dispares».

Declaraciones que hacía hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, tras comparecer en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo para informar sobre dicha sentencia y sobre la gestión del Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, durante 2012.

El Constitucional, con fecha 14 de marzo, falló que es «inconstitucional y nulo» el sistema que la Ley General de la Seguridad Social establece para el cálculo de los periodos de cotización que dan derecho a una pensión contributiva en el caso de los contratos a tiempo parcial.

Según Burgos, esta sentencia obliga a que tenga que adoptarse el precepto de «día trabajado día cotizado», cuando ahora para los trabajadores de tiempo parcial no era así.

Hasta ahora para acreditar el periodo de cotización era necesario calcular la equivalencia de las horas trabajadas en «días teóricos», que eran los que resultaban de dividir el número de horas entre cinco, de tal forma que diez horas de trabajo semanales suponían dos días cotizados.

De acuerdo con las estimaciones de Empleo, los afectados por el no reconocimiento de su pensión en 2012 ascenderían a unos 50.000, a los que habría que sumar otros 32.000 a los que no les paga un subsidio.

El secretario de Estado ha destacado que a ese gasto de 1.500 millones de euros, «inasumible» para el sistema de pensiones, habrá que sumar las nuevas altas naturales de prestaciones que se den cada año, por lo que el gasto total ascendería a 1.900 millones de euros.

Por lo que ha asegurado que le parece «grave» la sentencia del Tribunal Constitucional.

Según Tomás Burgos introduce «inseguridad jurídica», ya que, ha explicado, fija que le corresponde a los órganos judiciales «la tarea de determinar la normativa aplicable acudiendo a las normas interpretativas del derecho».

Al respecto, ha vaticinado que, «a buen seguro», habrá «dispares interpretaciones ante la inexistencia de un criterio que colme la laguna legal existente».

Ante esta situación el secretario de Estado de la Seguridad Social ha emplazado a los grupos parlamentarios a llegar a un acuerdo para reformar el sistema de cálculo del trabajo a tiempo parcial sin provocar «despropósitos que terminen por desajustar completamente el sistema».

En el turno de los grupos, Antonio Hurtado (PSOE) ha pedido a Burgos que lleve este debate al Pacto de Toledo y no siga el mismo camino con el endurecimiento que el Gobierno acaba de aprobar de las pensiones parciales y anticipadas.

Una reclamación que han hecho también, desde el Grupo Mixto, los diputados del BNG Olaia Fernández y de Amaiur Sabino Cuadra.

En nombre de UPyD Álvaro Anchuelo ha expresado su preocupación porque el 97 % del Fondo de Reserva de la Seguridad Social esté invertido en deuda española y ha advertido de que la sentencia del Constitucional es un asunto de mucho calado y que su modificación no debe basarse sólo en el coste presupuestario.

Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, ha centrado sus críticas en que el Gobierno quiera cambiar el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones con expertos de las aseguradoras, por lo que pronosticado que no acabará bien.

Carles Campuzano, de CiU, ha considerado que la gestión del Fondo de Reserva está «en la línea de la normalidad» y respecto a la sentencia ha dicho que es «muy importante», por lo que ha pedido que no se «minimice».

 

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