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El TSJ recrimina a los abogados sus medidas de presión por el turno

{16.02.12 – A. RALLO | VALENCIA}
Las aguas bajan revueltas en la Administración de Justicia. El juego a dos bandas entre abogados y Conselleria de Justicia por los impagos del turno de oficio y los recortes suma ahora un tercer participante y a la vez perjudicado: los jueces de la provincia de Valencia. El acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) supone una recriminación en toda regla a las medidas de presión de los letrados porque están causando un anormal funcionamiento del sistema.
Las iniciativas de presión, acordadas por el Colegio de Abogados el pasado 26 de enero, en principio, no tendrían por qué afectar a los procedimientos habituales en las guardias, donde parece que se encuentran los problemas.
El TSJ informó de la deficitaria distribución de los servicios por parte del coordinador del turno. Esta es la persona que sirve de enlace entre los letrados que hacen la guardia esa jornada y los servicios que surgen, como asistencias en comisarías, pases a disposición judicial… «En muchas ocasiones, las llamadas no son atendidas, por saturación, o lo son con gran demora».
La consecuencia es que se están generando «innumerables y prolongados retrasos en la práctica de diligencias». La nota del TSJ habla de algunas actuaciones «urgentes e inaplazables». Entre ellas, llega a citar la de una entrada y registro. El órgano de Gobierno de los juzgados de la Comunitat considera que a la cuestión «debería darse urgente solución».
La recriminación de los jueces no se detiene en ese punto. A criterio de la Sala de Gobierno «estas situaciones tienen difícil acomodo legal y pueden vulnerar derechos fundamentales» como la no designación de abogado de oficio para la asistencia a detenidos determinados días de los fines de semana.
A Mariano Durán, decano de los abogados de Valencia, no le hizo ninguna gracia el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del TSJ. Pero menos la forma en la que conoció el diagnóstico de la situación: por la prensa. «Hubiese preferido recibir una llamada de la presidenta o de otro responsable. Para mí, la relación institucional siempre ha sido sagrada».
La Junta de Gobierno se reunió ayer con carácter extraordinario y dio por roto el contacto institucional con el TSJ hasta que no se produzca una rectificación de la presidenta, Pilar de la Oliva, o de la Sala de Gobierno. Los letrados entienden «que no se ha producido la debida contradicción, propia de todo proceso de decisión». Y, además, no se ha pedido opinión al ICAV.
No obstante, más allá de esta circunstancia negó que los problemas sean de tal magnitud como parecen desprenderse en la nota del TSJ. «En dos semanas el juez decano sólo me ha llamado dos veces por un par de problemas a los que se ha puesto solución de inmediato». Del mismo modo, instó a que la Sala de Gobierno le traslade realmente en qué juzgado y de qué tipo son las incidencias que se están registrando. Rechazó así «cualquier imputación genérica».
Durán recordó que los letrados disponen de ocho horas para prestar su asistencia. La realidad es que rara vez llega a agotarse este margen. En este sentido, el decano se despojó de su habitual cautela y llegó a decir -ya puestos a recriminar- las horas de espera en determinados juzgados por señalar los procesos sin prácticamente margen.
Los abogados insistieron que sus medidas de presión -suspender el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Registro Civil, el de Dependencia y el Penitenciario, entre otros- no afectan al funcionamiento diario del turno. «Y es el mismo número de abogados el que realiza cada guardia».
El objetivo de estas medidas era presionar a la Conselleria para que anule la Orden que supone una rebaja del 37% de los honorarios y termine de saldar la deuda. El pasado martes se ordenó el pago de 7,2 millones pendientes de 2011.

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