Las negociaciones entre la Comunidad de Madrid y el Consejo de Colegios de Abogados de Madrid se han roto “ante la reiterada actitud de desprecio mostrada por sus dirigentes a las reivindicaciones planteadas sobre la actual situación en la que se encuentra la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio”.
No es algo nuevo, desde la Comunidad de Madrid siempre se ha visto el servicio público de Justicia como una carga y no como un derecho de la ciudadanía que nos configura como un estado social y de derecho. Desde la Asociación libre de Abogados y Abogadas siempre hemos luchado por un servicio público de justicia que tenga como base y centralidad los derechos de los y las justiciables y donde el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva proclamada en la Constitución del 78 sea un hecho y no una proclama.
El enquistamiento del conflicto denunciado por parte del ICAM no es otra cosa que el producto del desprecio de las instituciones hacia los derechos de todos y todas. Para las personas que conformamos ALA no nos encontramos ante una discusión entre la abogacía y las instituciones, sino que estamos ante un conflicto entre la ciudadanía y unas instituciones dirigidas por personas que no quieren cumplir con sus obligaciones.
En la Asociación Libre de Abogados y Abogadas no llamamos a resistir, llamamos a luchar para por la victoria: realizamos un llamamiento a todos y todas para reapropiarnos de lo común de lo que nos niegan: el derecho a la tutela judicial efectiva.
En los últimos años, los y las gestores de las administraciones públicas, ante el colapso de los servicios públicos de justicia, han impulsado como solución la expulsión de los justiciables: Tasas, depósitos, dificultad acceso a la segunda instancia, privatización del registro civil, privatización de determinados procedimientos judiciales… En este relato, la justicia gratuita no podía quedar atrás.
La justicia gratuita, herramienta de las personas para el acceso a la tutela judicial, ha sido, no solo denostada, sino que también olvidada y relegada. Desde la asunción de las competencias por parte de la Comunidad de Madrid los presupuestos concedidos han sido manifiestamente insuficientes para cubrir la demanda y los derechos de la ciudadanía. El desprecio hacia los derechos de las personas ha tenido una correlativa implicación en la negativa a la actualización y la reducción de los pagos a los trabajadores y las trabajadoras que prestan el servicio. Así, los operarios y operarias del derecho que prestan servicio público de acceso a la justicia, no solo cobran tarde, sino que han sufrido una disminución de más del 20% en sus honorarios. Solo una retribución digna y acorde con el servicio que se presta se puede dar un servicio público y de calidad.
La Asociación libre de Abogados y Abogadas se suma a las acciones del ICAM, realizando un llamamiento a la comunidad jurídica (abogacía, funcionarios y funcionarias, jueces, fiscales, secretarios y secretarias etc) y a la ciudadanía a sumarse a las mismas.
La justicia es de todos y todas y estamos convencidos y convencidas que sin justicia no hay derechos.